Chetumal.- El auditor Superior de Fiscalización del Estado, Manuel Palacios Herrera, señaló que los recursos que son recuperados por el pago de fianzas y resarcimiento de los daños que han generado los ex colaboradores de la administración de Roberto Borge, van a un programa denominado: Fondo del Mejoramiento de la Justicia.
Son más de 11 mil 800 millones de pesos lo que se tiene como afectación al erario público por la pasada administración y no se ha podido recuperar ni el 10%, ya que solo ha resarcido el daño Mauricio Rodríguez declarándose confeso para poder salir de la cárcel.
Te puede interesar: Inauguran Parque Maya Cancún con inversión de 130 millones de pesos
Explicó que la Auditoría Superior de Fiscalización ya concluyó su trabajo en materia de lo que mandató el Congreso sobre las cuentas públicas 2015 y 2016 de la anterior administración y cuyos resultados fueron entregados con oportunidad al Poder Legislativo y turnados los expedientes de demandas ante la Fiscalía General de Justicia para actuar en consecuencia.
Hasta el momento están detenidos el ex gobernador Roberto Borge Angulo, el ex candidato del PRI a gobernador Mauricio Góngora Escalante, el ex secretario de gobierno Gabriel Mendicuti Loría, la exdirectora de Recursos Financieros de la CAPA, Ana Alicia Rivera Galera, Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, Paula González Cetina, de CAPA y Carlos Acosta Gutiérrez, exdirector de VIP SAES.
En libertad por error de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero aún bajo proceso Erce Barrron Barrera ex titular de APIQROO, quien autorizó la naviera de Barcos Caribe y concesionó a un particular el servicio en la Terminal Marítima de Playa del Carmen; y también en libertad bajo proceso, Paulina García Achach, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien garantizó el daño patrimonial con efectivo y propiedades.
Trascendió que son 84 exfuncionarios de la administración de Roberto Borge investigados por peculado e indebido ejercicio de la función pública y alguno de ellos ya con orden de aprehensión como es el caso de Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del desaparecido (IPAE), Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, excoordinadora jurídica del IPAE, María de Lourdes Pinelo Nieto, ex secretaria de Roberto Borge; César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia y socio de la naviera Barcos Caribe; Fabián Vallado, exdelegado de Sedesol acusado de peculado y enriquecimiento ilícito; Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas, relacionado con el desvío de mil 464 millones de pesos.
En la lista aparecen también José Alberto Alonso Ovando, exsecretario de Educación y Cultura, tiene 11 propiedades distribuidas en Chetumal, Holbox, Cancún y Tulum; Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, exsecretario del Trabajo acusado de orquestar juicios laborales ficticios para despojar a hoteleros de Tulum; Carlos Rafael Muñoz Berzunza, exsecretario de Ecología y Medio Ambiente; Saúl Badillo Perry, por su negligencia que diera paso a la pérdida de 65 mil vacunas cuando fungía como director de Servicios de Salud; Manuel de Jesús Marrufo Lara, excoordinador administrativo de CAPA acusado del desvío de mil 562 millones de pesos de la CAPA; Eliezer Villanueva Lanz, exsubsecretario de Finanzas, Edgar Méndez Montoya, presunto prestanombres del exgobernador Roberto Borge Angulo, entre otro. Herlindo Vázquez
