Investigación señala triangulación millonaria hacia empresas fachada
Una presunta red de empresas fantasma vinculada al manejo de recursos públicos y operadores políticos en Quintana Roo ha salido a la luz, generando cuestionamientos sobre la asignación de contratos federales.
Contenido
De acuerdo con información difundida por el portal Ruptura360, la empresa Grupo de Tecnología Cibernética (Grupo Tecno) habría transferido más de 65 millones de pesos a compañías consideradas fachada, las cuales estarían relacionadas con el responsable de finanzas del Partido del Trabajo en Quintana Roo.
Un contrato millonario detrás de la trama
La investigación señala que el origen de los recursos se encuentra en un contrato otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes en México. Este contrato, adjudicado en 2020, alcanzó un monto cercano a 3 mil 800 millones de pesos y tendría vigencia hasta 2026.
Sin embargo, el caso ha llamado la atención por las características de la empresa beneficiada. Según los datos citados en la investigación, Grupo Tecno contaba con apenas 19 empleados y una nómina anual de aproximadamente 600 mil pesos, lo que levantó cuestionamientos sobre su capacidad operativa para manejar un contrato de tal magnitud.
El rastro del dinero
Tras recibir el contrato, la empresa habría dispersado recursos hacia al menos 10 empresas presuntamente fantasma mediante cerca de 250 facturas, en un esquema que investigadores describen como triangulación financiera.
Las compañías receptoras estarían vinculadas a César Adrián Gamboa Montejo, identificado como operador político y responsable financiero del Partido del Trabajo en Quintana Roo, quien también ha participado en actividades relacionadas con campañas electorales en la región.
Red de empresas bajo sospecha
La investigación también señala que la red podría ser aún más amplia. Registros mercantiles apuntan a una estructura de hasta 40 empresas que comparten socios, domicilios o representantes, varias de ellas vinculadas entre sí.
Además, al menos 12 de estas compañías aparecen en listados del SAT como empresas que simulan operaciones, conocidas como “factureras”, utilizadas para generar comprobantes fiscales sin actividades reales.
Recursos públicos bajo la lupa
El análisis de movimientos financieros realizado por la Auditoría Superior de la Federación detectó transferencias que no solo involucrarían recursos provenientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también de otras dependencias federales.
Entre ellas figuran contratos con instituciones como Pemex, el ISSSTE y el Instituto Nacional Electoral, que en conjunto habrían otorgado alrededor de 374 millones de pesos adicionales a la empresa entre 2020 y 2021.
Deslindes y contradicciones
Aunque el operador político señalado ha negado vínculos directos con las empresas bajo investigación, documentos oficiales citados en la investigación indican que continúa figurando como responsable financiero del partido ante el Instituto Nacional Electoral.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa el uso de empresas factureras y redes corporativas utilizadas presuntamente para triangular recursos públicos, un esquema que ha sido detectado en múltiples investigaciones anticorrupción en el país.
Fuente: ruptura360.mx
También te puede interesar: Capturan en zona hotelera a presunto cobrador de piso ligado a intento de homicidio
Sé el primero en comentar post