Cozumel, Quintana Roo. Alejandro Gutiérrez, director general de una reconocida empresa naviera en la isla, anunció que la reducción del IVA al 8%, una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, se reflejará en los precios de productos y servicios gravados con este impuesto, como los boletos de pasajeros. Este beneficio aplicará únicamente en la isla de las golondrinas, lo que podría generar una disminución en el costo de bienes y servicios, fortaleciendo el poder adquisitivo local.

Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2025, los pasajeros de cruceros que arriben a puertos mexicanos deberán pagar un nuevo impuesto denominado Derecho de No Residente (DNR). Este cobro será de 42 dólares por persona, aproximadamente 860 pesos, y se implementará en los principales puertos de llegada, como Cozumel y Mahahual.
Impacto en el turismo
Según datos de la industria, se espera que en 2025 arriben más de 10 millones de cruceristas a México, con una fuerte concentración en estos dos destinos de Quintana Roo. El turismo de cruceros es vital para la economía local, ya que representa una derrama económica significativa para comercios, restaurantes y operadores turísticos.
No obstante, la implementación del DNR podría desincentivar a algunos cruceristas, lo que genera preocupación entre empresarios y asociaciones turísticas. “Aunque entendemos la necesidad de recaudar más fondos para proyectos públicos, existe el riesgo de que este impuesto haga menos competitivos a nuestros destinos frente a otros puertos del Caribe”, señaló una fuente de la industria.

Perspectiva económica
La combinación de estos cambios fiscales —la reducción del IVA y el nuevo DNR— podría tener efectos contradictorios. Mientras que la disminución del IVA podría beneficiar a los habitantes y al turismo local en Cozumel, el nuevo impuesto a los cruceristas podría limitar el crecimiento de este sector, que es clave para la región.
La industria y las autoridades locales seguirán monitoreando de cerca el impacto de estas medidas, buscando mantener el equilibrio entre la competitividad turística y las políticas fiscales.

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