La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, celebró la aprobación del Congreso Estatal a su propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley de Movilidad, que refuerzan las medidas de seguridad en el ámbito del transporte. Con estas reformas, los delitos relacionados con daños y lesiones en el servicio de transporte público y privado serán perseguidos de oficio, sin necesidad de denuncia previa por parte de las víctimas. Esta iniciativa tiene como objetivo principal erradicar la impunidad y asegurar que los responsables enfrenten consecuencias.
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Reformas clave en el Código Penal
Las reformas al Código Penal de Quintana Roo incorporan nuevas modalidades de delitos, como los de lesiones y daños, con agravantes específicos en estos casos. Se añadió el Artículo 107 Bis, que establece penas más severas para los delitos cometidos en el marco del servicio de transporte.
Según esta disposición, las penas por homicidios y lesiones pueden incrementarse hasta en un 50% si se cometen mientras se presta el servicio. Además, si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las sanciones podrían aumentar hasta en dos terceras partes.
La modificación al Artículo 162 Bis endurece las penas por daños a los servicios de transporte, estableciendo prisión de 2 a 6 años para quienes causen perjuicios a estos servicios. Estos delitos también serán perseguidos de oficio, lo que permite una acción inmediata de las autoridades sin la necesidad de que se presente una denuncia.
Por otro lado, el Artículo 182 fue modificado para imponer penas más estrictas contra los ataques a las vías de comunicación y los medios de transporte, abarcando el transporte público local, calles, carreteras y las tecnologías asociadas. Las sanciones varían entre 6 meses y 4 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.
Además, el Artículo 185 Bis establece un aumento en las penas si los ataques a las vías de comunicación ocurren mientras se presta un servicio de transporte. En estos casos, la pena puede aumentar hasta un 50% en función de las circunstancias.
Reformas a la Ley de Movilidad
En cuanto a la Ley de Movilidad, se modificaron y adicionaron varios apartados. Entre ellos, el artículo 122, fracción IX, y el artículo 130, fracción VII, que definen las razones por las cuales las licencias de conducir, permisos o concesiones pueden ser suspendidos o cancelados temporal o definitivamente. Esta medida se aplicará cuando las personas involucradas en delitos relacionados con el servicio de transporte sean responsables de infracciones graves.
Las reformas también buscan asegurar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, promoviendo un entorno de movilidad más seguro y ordenado para todos los ciudadanos, tanto locales como turistas.
Objetivo: Erradicar la impunidad en el transporte
La gobernadora Mara Lezama destacó que con estas reformas se busca erradicar la impunidad en el transporte y garantizar que todos los usuarios, tanto de transporte público como privado, puedan ejercer su derecho a elegir libremente su medio de movilidad sin temor a sufrir daños o agresiones. Además, resaltó que no habrá tolerancia a aquellos que atenten contra la seguridad y el bienestar de los usuarios, ya sea en el transporte público o privado.
En su mensaje, Lezama también subrayó que estas reformas permitirán una competencia más sana y equitativa entre los diferentes servicios de transporte, lo cual favorece tanto a los usuarios como a los prestadores de servicio. Con la eliminación de la impunidad, se busca que las sanciones sean un deterrente para quienes cometan delitos, favoreciendo la seguridad y la confianza en el sistema de movilidad de la entidad.
Participación ciudadana y consenso sectorial
Las reformas fueron impulsadas por la participación activa de la ciudadanía y el sector público y privado, a través de mesas de trabajo que permitieron la integración de diversas propuestas. La gobernadora agradeció el consenso alcanzado entre los diferentes actores involucrados y destacó que estas modificaciones buscan transformar el entorno de la movilidad en Quintana Roo, garantizando que las decisiones se tomen pensando en el bienestar de todos los habitantes del estado.
Las reformas son parte del “Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo”, una iniciativa impulsada por el gobierno estatal para promover un desarrollo inclusivo y sostenible, centrado en las personas. Este enfoque humanista, con un claro énfasis en la equidad y la justicia, busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la seguridad pública en todos los ámbitos, especialmente en el servicio de transporte.
Repercusiones para el sector del transporte
Con las nuevas medidas, las autoridades tienen la facultad de actuar rápidamente en caso de delitos relacionados con el transporte, lo que genera un cambio significativo en la forma en que se gestionan estos incidentes. La aplicación de sanciones severas no solo busca penalizar a los infractores, sino también disuadir comportamientos peligrosos y negligentes en el transporte.
El sector del transporte público y privado deberá adaptarse a estas nuevas normativas, lo que podría implicar la revisión de protocolos de seguridad y la implementación de medidas adicionales para evitar posibles accidentes y delitos. Las reformas apuntan a garantizar una movilidad más segura y ordenada, en beneficio de la ciudadanía y los turistas que visitan la región.
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