El registro de un infante por parte de una pareja del mismo sexo (dos mujeres), marcó un precedente histórico para el interés superior de la infancia en Quintana Roo, de acuerdo con la Comisión estatal de Derechos Humanos (Cdheqroo).
En diciembre pasado se les negó ese derecho y el trámite por parte de personal de la Oficialía 01 del Registro Civil de Cancún, justificándose de que no estaban autorizados a recibir documentación para el registro de hijas e hijos de parejas del mismo sexo.
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La Cdheqroo calificó el hecho como un logro y precedente histórico para el interés superior de la infancia, y recordó mediante un comunicado que a finales del año pasado las madres acudieron al organismo para interponer la queja correspondiente.
La comisión de derechos humanos emitió una medida precautoria a la autoridad para salvaguardar el derecho a la identidad y la salud, porque al prescindir del registro, el infante no recibiría atención médica.
Ante ello, se realizaron una serie de diligencias tanto en Chetumal como Cancún, para conciliar el tema entre autoridades y quejosas, hasta que el lunes 30 de abril se llevó a cabo el registro cumpliendo con la obligación de garantizar el interés superior de la infancia, de acuerdo a lo que se establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
La aceptación del registro, tal y como debió haberse dado desde un inicio, parte del principio de “interpretación conforme”, de acuerdo al marco jurídico internacional y nacional, y del de no discriminación por orientación sexual.
También del constitucional pro persona, que prevé aplicar la norma que más beneficie a la persona, anteponiendo el derecho humano a la identidad ante el código estatal, porque el último era más restrictivo en ese sentido.
El caso pone de relevancia el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos en la entidad, porque la interdependencia de esos derechos demuestra que no sólo se trataba de un derecho a la identidad, sino de igualdad y no discriminación y del derecho a la salud, entre otros.
La Cdheqroo enfatizó la necesidad de que los servidores públicos estén capacitados en materia de derechos humanos, y que sepan que no es necesario un amparo para respetar y cumplir esos derechos, sino la aplicación de criterios establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Fuente: La Jornada Maya
