En el episodio número 13 de Los Otros Datos, una producción de Veras.Mx en colaboración con Palco Noticias, Clic Noticias y Ruptura360, se abordó el tema sobre el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
La invitada al programa Los Otros Datos, Mayuli Martínez Simón, destacó que de 10 divorcios que hay en México y que en la actualidad han aumentado, en 7 los padres no cumplen con el pago de la pensión alimenticia.
En este ámbito señala que todos los padres tienen un deber y una obligación moral del cuidado de nuestros hijos.
“Esta ley lo que busca es precisamente vigilar estas leyes de protección de los pequeños y pequeñas de México… estamos hablando de un problema social muy grande, imaginemos en cuántas familias se requiere sobre todo que haya una aplicación tanto de los papás como mamás que decidimos traerlos al mundo… es claro que existe una obligación civil”, indica.
De igual manera, destaca que viene la parte legal y civil, “la parte de las obligaciones como padres que tenemos, no podemos decir ahí nos vemos, no podemos decir a nuestros menores tener esa obligación alimentaria, por esa gran necesidad nace esta nueva reforma a la ley”.
Por su parte, Neslhie Silva de Clic Noticias, destacó qué es triste que se tenga que poner en la ley algo que de manera natural “tendríamos que tener conciencia de qué se debe de cubrir”.
En el reportaje de Clic Noticias se abordó de manera más detallada y se hizo énfasis en que en la actualidad, en México, las jefas de familia avanzaron en su lucha para asegurar el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia destinada a sus hijos menores de edad.
De acuerdo con las cifras más recientes del INEGI, se estima que aproximadamente el 32% de los hogares en el país están encabezados por mujeres, quienes asumen la responsabilidad principal de proveer el sustento y cuidado de sus hijos.
En 2017 se inició un movimiento de mujeres que alzaron la vos a favor de jefas de familia y se organizado para exigir el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones judiciales que establecen el pago de la pensión alimenticia. A través de marchas, protestas y campañas en redes sociales, estas mujeres buscaron crear conciencia sobre la importancia de este apoyo económico para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, como alimentación, educación, salud y vivienda.
Cabe destacar que el incumplimiento de la pensión alimenticia tiene repercusiones significativas en la vida de los menores, generando desigualdad y vulnerabilidad. La lucha de las jefas de familia ha logrado visibilizar esta problemática y ponerla en la agenda pública, buscando soluciones concretas que garanticen el bienestar de los niños y niñas en México.
Ante la gravedad de dicha situación en 2018 la diputada María Marcela Torres Peimbert propusó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, misma que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de 2019, sin embargo fue hasta marzo del 2023 que la aprobó el Senado e inició su vigencia el 9 de mayo del 2023.
La reforma, que modificó la Ley General de los Derechos de niñas, niños y Adolescentes, establece claramente los derechos alimentarios esenciales para la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia de los menores. Estos derechos incluyen la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, asistencia médico-hospitalaria, gastos de embarazo y parto, educación y formación profesional acorde a las circunstancias personales, así como la habilitación o rehabilitación y desarrollo de menores con discapacidad o en estado de interdicción.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, a cargo del Sistema Nacional DIF, es una herramienta fundamental para recopilar y actualizar la información sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México serán responsables del suministro, actualización, intercambio y sistematización de esta información, que estará disponible para consulta pública.
Como parte de esta reforma, se establece la obligación de que los deudores alimentarios informen a las autoridades pertinentes cualquier cambio en su empleo para actualizar la pensión alimenticia decretada. Además, se emitirán certificados de no inscripción por parte del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a solicitud de las partes interesadas.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, establecerán como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para diversos trámites, como la obtención de licencias y permisos para conducir, pasaportes o documentos de identidad y viaje, participación como candidatos en cargos concejiles y de elección popular, aspirantes a cargos judiciales y magistrados, así como en solicitudes de matrimonio, entre otros.
Por otro lado, las autoridades federales competentes implementarán medidas de restricción migratoria para las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Sin embargo, el Juez correspondiente podrá autorizar la salida del país si se garantiza el pago de al menos la mitad del adeudo por alimentos y se realizan depósitos correspondientes al pago adelantado de la pensión.
Es importante destacar que el 24 de mayo de 2023, el Senado también aprobó la Minuta que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos ciudadanos para ocupar cargos públicos. Entre los nuevos casos de suspensión de derechos ciudadanos se incluye a las personas declaradas como deudoras alimentarias morosas, lo que impide su postulación a cargos de elección popular o su nombramiento en empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Con estas reformas, se busca asegurar la protección de los derechos alimentarios de los menores, así como establecer medidas concretas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y promover una mayor responsabilidad por parte de los deudores. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se convierte en una herramienta esencial para hacer valer estos derechos y promover la justicia en beneficio de los niños y adolescentes en México
