En un desenlace sorprendente, el caso de la represión policial en Cancún, ocurrido el 9 de noviembre de 2020, ha sido cerrado sin llegar a juicio ni imponer ninguna condena.
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Durante una audiencia celebrada recientemente, se tomó la decisión de otorgar la suspensión condicional al conflicto, donde los imputados únicamente deberán tomar cursos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
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Comité de Víctimas de represión policial
El Comité de Víctimas de represión policial del 9N ha expresado su descontento, pues aseguran que tanto los jueces involucrados en el caso como la Fiscalía General del Estado (FGE) se posicionaron a favor de los policías acusados, afirmando que la reparación del daño a las víctimas ya se ha llevado a cabo.
Wendy Galarza, una de las afectadas, informó que la resolución fue dictada por la Jueza Verónica Lizama. Galarza reveló: “La suspensión condicional se otorgó argumentando el cumplimiento de los requisitos, aunque uno de ellos es que las víctimas debemos dar nuestro consentimiento para la suspensión. Todos estuvimos presentes y expresamos nuestro desacuerdo. Sin embargo, se saltaron los procesos y cerraron el caso”.
A pesar de la oposición y las advertencias del riesgo que implica liberar a los imputados, la Jueza sostuvo que las preocupaciones planteadas carecían de fundamentos suficientes para detener la suspensión condicional. Galarza agregó indignada: “La Jueza nos dijo que nuestra postura no estaba fundamentada y que, por lo tanto, estaríamos en riesgo. Nos dijeron que eso no era suficiente. Es evidente que tanto la Fiscalía como Elena Toriz, representante de la FE, están en contra de nosotros. Todos están de acuerdo. Es una burla lo que nos están haciendo”.
Evualando acciones legales
El Comité de Víctimas del 9N está evaluando las acciones legales que emprenderán en respuesta al cierre del caso de represión policial. A más de dos años y medio del incidente, las víctimas aún no han obtenido justicia ni han sido reparadas por el daño sufrido, a pesar de las múltiples promesas realizadas por las diferentes autoridades.
Los afectados han manifestado que no han logrado reunirse con el Fiscal interino, Raciel López Salazar, desde la renuncia de Óscar Montes de Oca. Buscaban retomar el caso de manera adecuada, sin las irregularidades que rodearon su cierre. Por lo tanto, esperan ser atendidos a la brevedad posible.
Con información de Por Esto.
