El retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular comenzó a generar respaldo entre habitantes y empresarios de Benito Juárez, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que algunos dispositivos podrían estar siendo utilizados para vigilar patrullajes y actividades de la población.
En solo tres semanas, la dependencia ha desmontado 120 equipos ubicados en postes, luminarias y esquinas de colonias y avenidas principales sin autorización alguna.
De acuerdo con el titular de la SSC, Julio César Gómez Torres, estas cámaras presuntamente eran empleadas por grupos delictivos para anticipar operativos o ubicar rutas de escape.
“Estamos avanzando en retirar todas aquellas cámaras que podrían haber sido utilizadas con fines ilícitos”, señaló.
El funcionario recordó que los sistemas de videovigilancia en la vía pública son considerados herramientas oficiales de seguridad y, por ley, únicamente pueden ser instalados por el Estado o por autoridades autorizadas.
En contraste, aclaró que la ciudadanía puede mantener cámaras en sus propiedades, siempre que estén dirigidas al interior y no hacia la calle, a fin de evitar invasión de privacidad o mal uso de la información.
Abundó que las cámaras retiradas quedan bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, la cual determinará si fueron vinculadas a actividades criminales. A nivel estatal, la cifra asciende a 250 equipos asegurados durante operativos recientes.
Asimismo enfatizó que el retiro de cámaras irregulares se complementa con el programa “Guardianes 911”, con el que la SSC busca integrar cámaras privadas al centro de monitoreo C5. Aunque inicialmente hubo resistencia, el sector empresarial ha comenzado a sumarse y actualmente existen más de 2 mil 100 cámaras privadas conectadas.
Gómez Torres afirmó que esta red ha permitido identificar sospechosos, disminuir tiempos de respuesta y fortalecer la investigación policial en tiempo real.
A partir de 2026, contar con cámaras conectadas al C5 o C2 será un requisito para tramitar o renovar licencias de funcionamiento en negocios, lo que ampliará el esquema de vigilancia y reducirá zonas ciegas en la ciudad.
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