La ministra Lenia Batres Guadarrama denunció que 2 mil 377 funcionarios del Poder Judicial de la Federación están recibiendo salarios por encima del tope máximo establecido en el artículo 127 de la Constitución. Según la denuncia, estos pagos excedentes suman un total de 2 mil 167 millones de pesos, lo que representa un desvío significativo de recursos públicos.
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Un problema que se arrastra por años
Batres detalló que este problema no es reciente, pues el límite salarial establecido por la Constitución ha estado vigente por más de 14 años. A lo largo de ese tiempo, el Poder Judicial ha desviado, de acuerdo con la ministra, un total de 30 mil millones de pesos en sobresueldos otorgados inconstitucionalmente a altos funcionarios. Esta cifra refleja una larga trayectoria de abusos salariales dentro del sistema judicial.
Críticas a los altos salarios de ministros y funcionarios
La ministra Lenia Batres se mostró crítica con los salarios elevados de los altos funcionarios, señalando que algunos ministros ganan hasta 595 mil pesos al mes, lo que equivale a 80 veces el salario mínimo del país. En su opinión, estos salarios desmesurados no son justificables en un servicio público destinado a la justicia social y a la igualdad. Batres subrayó que el servicio público no puede seguir generando “nuevos ricos” a costa de los recursos del Estado.
Acción para devolver el dinero al erario
En su informe, Batres destacó que su propia ponencia ha tomado la iniciativa de devolver al erario los recursos excesivos que no se ajustaban a la ley. En total, su equipo reintegró 10 millones 904 mil pesos, incluyendo aquellos fondos que no se aceptaron debido a su ilegalidad. Esta acción busca dar el ejemplo de un servicio público responsable y justo, sin recurrir a abusos de los presupuestos públicos.
Reformas salariales insuficientes
Aunque en 2025 se aplicará una reducción del 12% en los salarios de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, Batres consideró que esta medida no es suficiente. Aseguró que la reducción no logra igualar los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial con los de la presidenta de la República, por lo que seguirán existiendo excesos salariales que continúan afectando al erario público.
Fuentes: Reportero Ambulante
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