El jueves 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo recibió la eutanasia en Barcelona tras una batalla legal que duró 601 días. En México, a más de 9,000 kilómetros de distancia, una joven de 31 años sigue su propia lucha para que esa misma posibilidad exista en su país. Samara Martínez Montaño, académica, comunicadora y paciente en fase terminal, se ha convertido en la voz más visible del movimiento por la eutanasia en México con su iniciativa “Ley Trasciende”.
“Voy a ser la persona que legalice la eutanasia en México”, declaró Samara en una entrevista reciente, con la certeza de quien ha hecho de su dolor un propósito de vida.
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Una vida marcada por la enfermedad
Samara nació en Guadalajara en 1995. A los 17 años le diagnosticaron dislipidemia mixta e hipertensión. A los 22, mientras cursaba una maestría, recibió la noticia de insuficiencia renal crónica en etapa cuatro. Meses después, se sumó el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que aceleró el deterioro de sus riñones.
“El lupus es una enfermedad autoinmune, tu cuerpo se ataca a sí mismo. Por ello empecé tratamientos más agresivos, como quimioterapias y dosis altas de esteroides”, relató en entrevista con medios.
En 2021, los médicos le informaron que necesitaba un trasplante para sobrevivir. Recibió dos: el primero, donado por su hermano, fue rechazado en apenas cuatro días. El segundo, de un donante cadavérico, tampoco funcionó.
Hoy, Samara depende de una máquina de diálisis peritoneal a la que debe conectarse 10 horas diarias, todas las noches. A través de un catéter instalado en su abdomen, la máquina suple la función que sus riñones ya no realizan.
El costo de vivir y el derecho a decidir
El tratamiento de Samara representa un gasto enorme para el sistema de salud. De acuerdo con datos recabados por la propia activista, cada mes su atención dentro del sector público cuesta cerca de 100 mil pesos, sin contar medicamentos específicos que pueden alcanzar los 30 mil pesos cada uno. Uno de sus trasplantes superó los 600 mil pesos.
Samara toma diariamente 15 pastillas y se inyecta eritropoyetina para regular lo que su organismo ya no produce. “Todos los días son un reto. No hay cuerpo que aguante y lo tengo claro, por eso no peleo con mi realidad ni soy renuente a la muerte, al final es algo seguro. Sólo la abrazo, la acojo con cariño y trabajo en ello”, afirmó.
Pero para ella, la decisión de buscar la eutanasia no es un acto de rendición. “No es querer morir, es poder decidir”, explicó en el podcast “Qué Roy-o el Podcast” . Y en sus redes sociales, donde acumula cerca de medio millón de seguidores, lo resume así: “Porque no quiero sufrir y quiero morir dignamente”.
La Ley Trasciende: una iniciativa de paciente
En 2025, Samara presentó ante el Congreso federal la iniciativa conocida como Ley Trasciende, acompañada por legisladores de distintas bancadas, incluyendo Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propuesta plantea:
· Reconocer el derecho a decidir el final de la vida.
· Garantizar una muerte sin sufrimiento innecesario para personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas.
· Dar acompañamiento médico y humano a pacientes y familias.
· Despenalizar el homicidio por compasión.
De aprobarse, la Ley Trasciende permitiría que personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y sin opciones médicas, puedan solicitar la eutanasia. Contempla la objeción de conciencia para los trabajadores de la salud, pero obliga a las instituciones a reemplazarlos en un plazo determinado.
“Esto cambia el discurso, el estigma social y rompe paradigmas. No debo convencer a nadie de mi dolor, pero sí puedo crear conciencia y tratar de que empaticen. Estamos en un Estado laico y creo fielmente en que nada ni nadie debe estar por encima de la autonomía humana y la libre elección”, sostuvo en entrevista para la Gaceta UNAM.
¿Qué dice la ley en México?
Actualmente, la eutanasia activa está prohibida en México. El artículo 312 del Código Penal Federal tipifica como delito la “muerte por piedad”. Asistir o inducir a alguien a quitarse la vida se castiga con uno a cinco años de prisión; si una persona causa directamente la muerte, la pena puede alcanzar los 12 años.
Lo que sí está permitido desde 2008 en la Ciudad de México es la Ley de Voluntad Anticipada, una forma de eutanasia pasiva que permite a los enfermos terminales rechazar los tratamientos que los mantienen con vida. Esta medida ha sido adoptada por otras entidades, pero Samara la considera insuficiente.
“En México una mascota puede trascender dignamente, libre de dolor innecesario, mientras las personas son obligadas a sufrir”, denunció.
El contexto internacional y el eco del caso Noelia
A nivel mundial, la eutanasia activa voluntaria es legal en al menos diez países: Países Bajos (2001), Bélgica (2002), Luxemburgo, Colombia, Canadá, España (2021), Nueva Zelanda, Portugal, Ecuador y Uruguay (2025), que se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobarla por ley.
El caso de Noelia Castillo, cuya muerte asistida se concretó este jueves tras dos años de litigio, ha reavivado el debate en todo el mundo de habla hispana. En México, la joven catalana ha sido mencionada por Samara como un ejemplo de que la lucha por la autonomía puede tener éxito.
“Noelia pudo hacer valer su derecho. Eso me da esperanza. Pero también me recuerda que no podemos seguir esperando. Hay personas que se están muriendo en condiciones indignas mientras los legisladores discuten”, expresó en días recientes.
Voces a favor y en contra
Samara no está sola. La respaldan académicos de la UNAM como Asunción Álvarez del Río, investigadora de la Facultad de Medicina, quien señala que permitir la muerte médicamente asistida “empodera a las personas, porque nadie debe usarla si no quiere, y ningún médico está obligado a aplicarla. Es una ley que respalda las libertades de todos”.
Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, prevé que “en el curso de los próximos lustros y máximo en las siguientes décadas, en la mayor parte del mundo este derecho sea regulado y garantizado”.
La senadora Patricia Mercado, una de las legisladoras que respaldan la iniciativa, destacó: “La aparición de Samara, su lucha, su autenticidad, hace que la posibilidad de poder legislar se acerque. Un testimonio habla más que mil datos”.
Sin embargo, el rechazo sigue siendo fuerte entre sectores conservadores. La Iglesia Católica se ha pronunciado en contra, y Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, sostiene que “la vida debe protegerse desde el vientre materno hasta la vejez”. Samara ha recibido mensajes agresivos en redes sociales: “Me han dicho que si Dios quiere que sufra, que sufra”, reveló.
Un duelo en vida y una despedida soñada
Samara sabe que quizá no viva para ver aprobada la ley que impulsa. Su expectativa de vida se estima en unos cinco años. Sus padres, dice, han comenzado a vivir un duelo en vida desde que ella decidió hacer pública su lucha.
“Cuando mi papá me preguntó por qué yo tenía que luchar por esto, le dije que si yo no lo hacía, no lo haría nadie más”, recordó.
Su despedida soñada no es en un hospital. “Siempre hablo del mar, de ese día en un atardecer. De una celebración de la vida con mi familia, rodeada de las personas que amo y que me aman, y pudiéndome ir de manera pacífica, sin dolor”, describió en una entrevista con la agencia AFP.
“Mi vida merece eso. Tiempo para despedirme de manera buena, para reír y llorar y para irme en paz”.
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