Este 6 de agosto de 2025, el Gobierno de México realizó una actualización histórica a la Carta Nacional Pesquera, incluyendo al sargazo flotante como recurso pesquero oficial. Con ello, se autoriza su recolección en altamar, antes de que llegue a las costas del Caribe Mexicano, especialmente Quintana Roo.
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Aprovechamiento técnico y sostenible
La modificación oficial, publicada en el Diario Oficial de la Federación, regula la extracción mediante permisos de pesca de fomento, con embarcaciones equipadas con maquinaria especialmente diseñada para recoger el sargazo en aguas profundas, evitando su llegada a la costa y reduciendo impactos negativos en los ecosistemas marinos.
Oportunidades productivas y económicas
Con este marco legal, el sargazo deja de ser un pasivo ambiental para convertirse en un activo industrial. Podrá ser utilizado para fabricar fertilizantes orgánicos, biocombustibles, bioplásticos, ladrillos, fibras textiles, tintes y suplementos alimenticios para animales.
El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), junto con organismos como la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y la organización ambiental The Seas We Love, avaló el cambio tras una expedición científica que recolectó datos cruciales en 60 puntos frente a Quintana Roo.
Impacto esperado
Se estima la recolección inicial de hasta 945 mil toneladas anuales, una fracción de la biomasa flotante que llega al Caribe mexicano.
La medida busca proteger hábitats costeros, como arrecifes y praderas marinas, al interceptar el sargazo en alta mar antes de su descomposición en playa.
El nuevo esquema promueve la economía circular, generando empleo local y nuevas cadenas de producción basadas en el procesamiento del alga con criterios sustentables.
Coordinación interinstitucional
El plan implica la colaboración entre autoridades federales, estatales y el sector privado. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) gestionará el ordenamiento pesquero, mientras que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Semarnat y el sector académico aportarán la base técnica, normativa y científica.
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