La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado la obligación de hacer públicos los sueldos de los jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como sus nombres, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este fallo se produce a raíz de un amparo que cuestionaba la legalidad de esta divulgación, impulsado por el ministro Juan Luis González Alcántara.
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Caso en Revisión y Pronunciamiento de la Jueza
El amparo fue inicialmente presentado ante la Jueza Elizabeth Trejo Galán, quien determinó que el inconforme no cumplió con el plazo para presentar su reclamo. Sin embargo, la jueza también abordó el fondo del asunto, afirmando que la transparencia en la publicación de estos datos no es inconstitucional, ya que se trata de recursos públicos.
Trejo Galán explicó que “las pensiones recibidas por personas que detentaron el carácter de servidor público devienen de recursos públicos”, lo que refuerza la necesidad de hacer esta información accesible. A pesar de esta resolución, el quejoso impugnó el fallo, lo que llevó al tribunal colegiado a remitir el caso a la SCJN debido al reclamo de inconstitucionalidad.

Importancia de la Transparencia en Recursos Públicos
Con su decisión unánime, la Primera Sala de la SCJN reafirmó la importancia de la transparencia y el acceso a la información en el manejo de recursos públicos, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. La Corte argumentó que la divulgación de esta información no solo es un derecho de los ciudadanos, sino también una obligación de los servidores públicos para rendir cuentas.
El ministro González Alcántara, al proponer la revisión del caso, destacó que la transparencia es un pilar fundamental en la confianza pública y que los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo se administran los recursos del Estado, especialmente aquellos que provienen de su trabajo.
El caso ha generado un intenso debate sobre la privacidad de los jubilados y la necesidad de hacer públicos los salarios en el sector público. Mientras algunos defienden el derecho a la privacidad, otros argumentan que la transparencia es esencial para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Con esta decisión, la SCJN sienta un precedente importante sobre la obligación de transparencia en el sector público y refuerza el compromiso del gobierno con la apertura y la accesibilidad de la información. La publicación de estos datos en la Plataforma Nacional de Transparencia permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho a la información y fortalecerá la confianza en las instituciones.
Fuentes: Luces del siglo
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