Sin precisar el monto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, informó que el presupuesto de egresos solicitado por el Poder Judicial federal para el ejercicio fiscal del 2024 es superior en 4% respecto del aprobado por la Cámara de Diputados para el año en curso.
“Para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el poder Judicial federal solicita un incremento real del 4% del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país’’, dijo la ministra presidenta.
Para 2023, la Cámara Baja aprobó al Poder Judicial federal un gasto por 77,544 millones 491,126 pesos.
En sesión pública solemne a la que asistieron 21 funcionarios del Poder Judicial federal que representan a los más de 55,000 servidores públicos que integran la Judicatura, la ministra presidenta destacó la disminución presupuestal del ente autónomo durante el actual sexenio en comparación con otros órganos.
“En el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4% en términos reales. Esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Las funciones que habrá de desempeñar el poder Judicial federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país’’.
SCJN con presupuesto superior en 4%
La ministra Piña advirtió que “la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al poder Judicial federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.
“Desde el poder Judicial federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal’’.
El debilitamiento de las atribuciones esenciales del Poder Judicial del Estado ante una insuficiencia presupuestal, insistió, “no implica una política de austeridad, si no nos lleva al rompimiento del Estado de derecho.
“El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda’’.
Estableció también que proteger el acceso a la justicia de los mexicanos no sólo corresponde al poder Judicial federal, “sino también directamente al poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.
“La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano’’, dijo la ministra presidenta Norma Piña.
Con información de eleconomista.com.mx
