La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una resolución histórica este miércoles al ordenar al Congreso de Yucatán la derogación de los artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto. Esta decisión marca un avance significativo en la despenalización de esta práctica médica en la entidad.
La Decisión de la SCJN y su Alcance
La Primera Sala de la SCJN, al conceder el amparo solicitado por la Asociación Civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, determinó que los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal de Yucatán, que penalizan el aborto, deben ser eliminados. El amparo no solo beneficia a la asociación demandante, sino que establece que la despenalización del aborto debe aplicarse en toda la entidad.
El proyecto presentado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat originalmente contemplaba la protección específica para la Asociación Civil y sus beneficiarias. Sin embargo, la mayoría de los ministros en la Primera Sala votó a favor de extender los efectos de la decisión a toda la región, con tres votos a favor y dos en contra.
Opiniones Divididas en la Suprema Corte
La ministra Ríos Farjat, quien propuso el proyecto, expresó su desacuerdo con la extensión general de la resolución. Aunque apoya el sentido del proyecto, considera que los efectos deberían haberse limitado a la asociación demandante. La decisión amplia refleja un cambio en la jurisprudencia y establece un precedente importante para la despenalización del aborto en México.
Contexto Nacional y Desafíos Restantes
Con esta resolución, Yucatán se une a los 15 estados en México donde el aborto ya está despenalizado, incluyendo la Ciudad de México, Coahuila, y Baja California, entre otros. A pesar de estos avances, el acceso a servicios seguros y gratuitos de aborto sigue siendo desigual en muchas regiones del país. Las mujeres a menudo enfrentan barreras significativas, como la falta de clínicas, estigmatización y objeción de conciencia por parte de los profesionales de salud.
La derogación de los artículos que criminalizan el aborto en Yucatán representa un paso crucial hacia la igualdad de derechos reproductivos y plantea la necesidad de continuar trabajando en la mejora del acceso y la calidad de los servicios de salud reproductiva en México.
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