Ciudad de México.- La Cámara de Diputados se alista a iniciar el periodo extraordinario de sesiones, a partir de este miércoles 16 de enero, para aprobar la Guardia Nacional y la reforma al artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa.
Dicho proyecto, tiene como fin penar en esos términos y como delito grave, el huachicoleo o robo de combustibles, los delitos electorales y la corrupción.
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En el caso de la Guardia Nacional, persiste la división entre los congresistas incluso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que sostuvieron una reunión plenaria en San Lázaro y posteriormente fueron a reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), se perfilan con voto en contra.
Incluso, diputados y senadores perredistas advirtieron que hasta el momento no se le han hecho cambios al dictamen aprobado hace unas semanas en la comisión de Puntos Constitucionales, por lo que persiste el intento de militarizar la seguridad pública.
Se prevé que al menos la fracción del PAN, se reserve todos los artículos de la reforma, lo que anticipa un debate largo y ríspido que se alargaría hasta la madrugada de este jueves 17 de enero.
Las fracciones que apoyarían a Morena para aprobar la Guardia, son los aliados del Partido del Trabajo (PT) el Partido Encuentro Social (PES); así como los integrantes del Partido Verde (PVEM) y tentativamente, los del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre otros cambios, la Guardia quedaría bajo el mando civil, en la Secretaría de Seguridad, tendría formación policial, pero con reclutamiento, adiestramiento, disciplina y visión de tipo militar.
Lo anterior, tal y como lo planteó el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, hace menos de una semana, al acudir a las audiencias públicas en la materia.
El funcionario manifestó que la Guardia sería un cuerpo de seguridad nuevo, conformado de manera mixta, con policías navales, policías militares, policías federales y reclutas civiles adiestrados por la milicia.
En uno de distintos documentos de trabajo que los congresistas analizan, se sugiere en anotaciones hechas a mano, que el nombre de la Guardia, podría cambiar de Guardia Nacional a Civil.
Expone que la Federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil denominada “Guardia Nacional”, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de los bienes y recursos de la Nación.
Indica que los delitos cometidos por sus integrantes en funciones de seguridad, serían conocidos por la autoridad civil, y las faltas contra la disciplina militar, por las autoridades y tribunales del orden castrense.
Añade que los detenidos por la Guardia deberán ser puestos a disposición en instalaciones civiles.
Agrega que las instituciones de seguridad pública, incluyendo al nuevo cuerpo, será de carácter civil “disciplinado y profesional”; y en conjunto con el Ministerio Público, deberán coordinarse para cumplir los objetivos de seguridad y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Guardia contará con una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por miembros de las dependencias de seguridad, la Defensa Nacional y la Marina.
Recalca que la Secretaría de Seguridad elaborará el programa nacional en la materia, los programas operativos, políticas, estrategias y acciones de la corporación.
La Defensa se hará cargo de la estructura jerárquica, la disciplina, el régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades y tareas de la Guardia estarán homologados con los de las Fuerzas Armadas.
Añade que su formación y desempeño se regirá por “una doctrina policial” fundada en la disciplina, acatamiento de órdenes superiores y respeto a derechos humanos.
Indica que la Federación tendrá un sistema nacional de información en seguridad pública, al que las entidades deberán proporcionar información.
Este elemento fue objeto de reclamos de gobernadores y presidentes municipales asistentes a las audiencias públicas temáticas, al considerar que vulnera la autonomía de sus respectivos gobiernos.
Expone que el Legislativo tendrá facultad de expedir la Ley de la Guardia y la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza, garantizando el respeto a derechos humanos; aunado a que podrá “analizar” el informe anual que el Ejecutivo presente sobre las actividades del cuerpo policíaco militar.
En artículos transitorios, prevé que después de la publicación de la norma, el Congreso tendrá 90 días para expedir la Ley de la Guardia Nacional, o en caso de que se modifique su nombre, la Guardia Civil.
Dice que entrará en vigor junto con la publicación del decreto, con los miembros de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval que determine el Presidente, en tanto se emite la Ley respectiva; asumirá las funciones que marca la Ley de la Policía federal, y el Ejecutivo podrá designar a los integrantes de sus órganos de dirección superior.
Establece que los elementos militares y navales de la Guardia, conservarán el rango, prestaciones, reconocimiento del tiempo de servicio si retorna a la corporación de origen para efectos de antigüedad.
En el Cuarto Transitorio prevé que “de manera excepcional”, mientras la Guardia se establece, las Fuerzas Armadas seguirán realizando labores de seguridad pública, como hasta el momento.
El documento suprime los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo, relativos a que la nueva institución tendría una temporalidad de cinco años con mando militar; a que se recortarían recursos a estados y municipios que no cumplan con avances en seguridad, y a que el Ejecutivo evaluaría las policías locales, y en caso de considerarlo pertinente, ordenar su desaparición. Fuente: MVS Noticias
