La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrirá el próximo 23 de febrero un periodo de consulta pública para el proyecto “Perfect Day México”, el megaparque acuático impulsado por la naviera Royal Caribbean en Mahahual, con una inversión de mil millones de dólares.
Durante un mes, hasta el 23 de marzo, cualquier interesado podrá presentar observaciones y proponer medidas de prevención y mitigación adicionales, en el marco del procedimiento de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con clave 23QR2025T0061.
Sin embargo, el ejercicio de participación ciudadana ocurre en un contexto de alta polarización, suspensiones judiciales y una clausura vigente por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La consulta, establecida en el artículo 34 fracción IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico, estará disponible para consulta física en las oficinas de Semarnat en la zona hotelera de Cancún, así como en línea a través de su portal de trámites.
Las opiniones ciudadanas deberán ser tomadas en cuenta para la eventual aprobación o rechazo del proyecto, que busca construir un parque acuático con capacidad para recibir hasta 21 mil turistas de cruceros al día y emplear a 2,500 colaboradores en una superficie de más de 90 hectáreas.
La sombra de la clausura y las omisiones en la MIA
Apenas unas semanas antes de que se abriera esta consulta, el 28 de enero, inspectores de la Profepa acudieron a Mahahual tras una denuncia ciudadana y documentaron afectaciones graves.
Los funcionarios federales constataron el relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, en un área aproximada de 17,115 metros cuadrados.
Ante la falta de autorización de impacto ambiental, la dependencia impuso una clausura total temporal de las obras, dando inicio a un procedimiento administrativo que aún está en curso.
La empresa ha defendido que los trabajos clausurados corresponden a la demolición de instalaciones abandonadas de un parque anterior, y que cuentan con permisos de los tres órdenes de gobierno para esa fase.
Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean en México y exfuncionario del gobierno de Mara Lezama en el IDEFIN, aseguró que las obras de construcción del parque no iniciarán hasta contar con todas las autorizaciones federales, y que confían en el sistema legal mexicano.
No obstante, un análisis técnico realizado por Greenpeace y retomado por diversas organizaciones señala graves omisiones en la propia MIA presentada por la empresa.
De acuerdo con la organización ambientalista, los estudios de campo registraron la presencia de mangle botoncillo (Conocarpus erectus), una especie protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010, en el área de muestreo.
Sin embargo, la empresa no especificó si estos hallazgos ocurren dentro del polígono de desmonte, lo que violaría el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe cualquier obra que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar.
Además, el análisis alerta que el proyecto se asienta sobre un frágil sistema kárstico de roca caliza porosa y alta permeabilidad.
Las cimentaciones profundas y, sobre todo, la planeada inyección de salmuera (agua de rechazo) al subsuelo podrían alterar la haloclina y contaminar los flujos subterráneos que nutren los humedales costeros.
“No hay estudio o pruebas de que el ecosistema soporte 21,000 turistas al día”, sentencia Greenpeace en su posicionamiento público.
El espejismo del desarrollo: impacto social y presión sobre la comunidad
El análisis de Greenpeace no solo aborda lo ambiental. En cuanto al factor socioeconómico, el documento es contundente: el promovente califica los impactos como positivos sin ponderar los efectos negativos del turismo intensivo.
La organización advierte que la presión sobre vivienda, servicios y vida cotidiana puede escalar hacia irritación y rechazo social.
No es una especulación: tendencias recientes en la Costa Maya, con datos del INEGI y análisis comunitarios, apuntan a aumentos estimados mayores al 340% en rentas y al 180% en costos de servicios básicos en zonas que han experimentado desarrollos turísticos similares sin la planeación adecuada.
Mahahual, una comunidad de menos de 5 mil habitantes, enfrentaría una transformación radical.
La proyección de 5 millones de visitantes anuales implica una presión equivalente a una ciudad de cientos de miles de personas sobre una infraestructura que hoy es deficiente incluso para sus residentes.
Las calles están llenas de baches, el alumbrado público es prácticamente inexistente, y la planta de tratamiento de aguas negras está rebasada y sin mantenimiento.
A esto se suma que la empresa Promociones Turísticas Mahahual (PTM), hoy propiedad de Royal Caribbean, ha incumplido durante más de una década con la entrega formal del fraccionamiento Nuevo Mahahual al municipio, lo que ha impedido que los vecinos accedan a servicios y escrituras.
El amparo y la modificación exprés de tres minutos
Paralelamente al proceso ambiental, existe una controversia judicial de fondo que cuestiona la legalidad del cambio de uso de suelo que permite el proyecto.
El 24 de noviembre de 2025, el cabildo de Othón P. Blanco aprobó modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual para adecuar 107.67 hectáreas al desarrollo.
El acta de la sesión extraordinaria revela que la discusión y aprobación duró apenas tres minutos: de las 12:19 a las 12:22 horas, informó Irma Morales, abogada de la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Vecinos del fraccionamiento Nuevo Mahahual y DMAS, impugnaron la decisión mediante un amparo, argumentando que se violó el derecho a la participación ciudadana y la Ley de Asentamientos Humanos.
La modificación fue aprobada sin consulta previa, a petición de la presidenta municipal Yensunni Idalia Martínez Hernández, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 5 de diciembre de 2025.
Sin embargo, el proceso judicial ha estado marcado por la confusión. Las organizaciones denunciaron que la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, cambió su criterio de manera contradictoria.
Inicialmente calificó la modificación como un “acto administrativo”, otorgando 15 días para ampararse. Posteriormente, en amparos subsecuentes, la trató como una “ley”, aplicando un plazo de 30 días desde su publicación, desechando las demandas por extemporáneas sin considerar cuándo la comunidad tuvo conocimiento real del daño.
“Esta situación representa una contradicción jurídica evidente, ya que un mismo acto fue calificado primero como acto administrativo y posteriormente como ley”, señalaron DMAS y Salvemos Mahahual en un comunicado.
El abandono de un pueblo que enfrentará cinco millones de turistas
Mientras Royal Caribbean proyecta recibir a millones de visitantes anuales, los habitantes de Mahahual denuncian vivir en el abandono.
Vecinos del Fraccionamiento Nuevo Mahahual, conocido como “las casitas”, señalan que la empresa Promociones Turísticas Mahahual (PTM), hoy propiedad de Royal Caribbean, ha incumplido durante más de una década con la entrega formal del fraccionamiento al municipio.
Las calles están llenas de baches, el alumbrado público es prácticamente inexistente y la planta de tratamiento de aguas negras está rebasada y sin mantenimiento. A esto se suma la falta de servicios médicos y de infraestructura básica.
Gerardo Pérez Zafra, representante de la Coparmex en la Costa Maya, ha advertido que Mahahual “tiene todos los problemas de las grandes ciudades, pero sin la infraestructura necesaria”.
Empresarios locales han recabado firmas para exigir al gobierno estatal voz y voto en el fideicomiso de promoción turística, que recauda 5 dólares por cada visitante de crucero, pero cuyos recursos, denuncian, no se han reflejado en mejoras palpables para la comunidad.
Lo que sigue: una definición entre tribunales, Semarnat y la comunidad
El futuro del proyecto Perfect Day en Mahahual se define en varios frentes. Por un lado, la consulta pública de Semarnat estará abierta hasta el 23 de marzo, y la autoridad federal tendrá que ponderar las observaciones ciudadanas, los estudios técnicos y las alertas de organizaciones como Greenpeace sobre los riesgos al manglar, la fauna protegida y el sistema kárstico.
Por otro lado, la suspensión definitiva que pesa sobre la modificación del PDU, otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito, implica que los cambios de uso de suelo están detenidos hasta que se resuelva el fondo del amparo.
Mahahual, una comunidad de menos de 5 mil habitantes, que, de aprobarse el proyecto, deberá absorber una demanda de servicios, infraestructura y presión ambiental equivalente a una ciudad de cientos de miles de personas, sin que hasta ahora existan planes públicos concretos para resolver sus carencias históricas.
También te puede interesar: La salsa está de luto: muere Willie Colón, el “Malo del Bronx”, a los 75 años
Sé el primero en comentar post