Reforma Energética
El Senado de la República ha dado un giro decisivo en la política energética de México al aprobar, en lo general y lo particular, la reversión de la reforma energética implementada durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
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Pemex y Cfe nuevamente empresas públicas
Esta reforma permite que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean nuevamente consideradas empresas públicas del Estado.
La votación se llevó a cabo tras un debate maratónico que se extendió por casi ocho horas.
La bancada oficialista, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), logró asegurar 86 votos a favor, en contraposición a los 39 votos de la oposición, que intentó frenar la iniciativa sin éxito. La senadora Amalia García se abstuvo de votar, mientras que se presentaron diez reservas por parte de la oposición que fueron rechazadas por la mayoría oficialista.
Monopolizar el acceso a Internet
Con esta aprobación, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado” del texto constitucional, reemplazándolo por “empresas públicas del Estado”.
Además, el artículo sexto establece un acceso garantizado a tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el servicio de Internet proporcionado por el Estado. Esta medida ha generado inquietudes, como lo evidenció el senador Pablo Angulo del PRI, quien cuestionó si el gobierno busca monopolizar el acceso a Internet.
El senador Ricardo Anaya del PAN advirtió que esta reforma podría ser perjudicial para México en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al limitar la participación del sector privado en la generación de electricidad. Por su parte, Claudia Anaya, también del PRI, argumentó que la deuda de Pemex se convierte en una carga para el Estado, aunque esta situación ya era una realidad previa a la reforma.
En espera del respaldo de 17 entidades federativas
Cecilia Guadiana, senadora de Morena, defendió la medida al afirmar que la reforma de 2013 había debilitado a la CFE y Pemex, argumentando que se favoreció a empresas privadas a expensas de las empresas públicas. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, aunque coincidió con el dictamen, expresó su desacuerdo al considerar que no se establecen suficientes obligaciones para las empresas públicas en relación con la transición energética.
El dictamen ahora será enviado a los Congresos estatales para su ratificación, dado que se trata de una reforma constitucional que requiere el respaldo de al menos 17 entidades federativas para entrar en vigor.
Fuente: Latinus
