Funcionarios de Texas desoyeron advertencias sobre la ilegalidad de instalar boyas en el río Bravo, frontera con México, ya que esta área está bajo jurisdicción federal, según documentos oficiales obtenidos por el diario The Dallas Morning News.
La controversia se centra en la instalación de una barrera flotante con alambre de púas en el río Bravo como parte de la iniciativa “Estrella Solitaria” del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para frenar la llegada de migrantes. El gobierno de Joe Biden ha demandado la ilegalidad de esta barrera flotante.
Recientemente, dos cuerpos de migrantes fueron encontrados en el río Grande (también conocido como río Bravo), lo que el gobierno mexicano atribuye a estas boyas.
Según The Dallas Morning News, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (USIBWC por sus siglas en inglés), que tiene jurisdicción sobre el río Bravo, advirtió en abril a un oficial de la Patrulla de Carreteras de Texas que las áreas asociadas con el río estaban bajo jurisdicción federal y que el estado de Texas no tenía autorización para estar en propiedad federal controlada por esta comisión.
Las advertencias sobre la ilegalidad de la instalación de boyas comenzaron en diciembre, mucho antes de que se llevara a cabo la instalación.
La operación “Estrella Solitaria” de Abbott comenzó en 2021 con el despliegue de soldados y policías en la frontera, y a partir de julio se añadieron boyas flotantes a lo largo del río en la región de Eagle Pass, Texas. Sin embargo, tanto los gobiernos de Estados Unidos como de México han argumentado que estas boyas violan leyes humanitarias y acuerdos bilaterales.
La comunidad de Eagle Pass ha expresado su desacuerdo con esta barrera fluvial y rechazó el uso de un parque público para llevar a migrantes allí.
El congresista Joaquín Castro anunció que la comunidad de Eagle Pass llevará a cabo una reunión para expresar sus quejas al respecto.
Castro afirmó: “A lo largo de la frontera, las fuerzas de Abbott están incautando propiedades privadas y drenando los recursos de los pueblos pequeños para impulsar su campaña contra los solicitantes de asilo”.
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