Las disposiciones del Gobernador Carlos Joaquín de incorporar a los escoltas y policías comisionados al servicio de políticos y personas particulares para que se sumen a las tareas de protección de la gente y las acciones de seguridad pública se hicieron efectivas.
Desde ayer se están concentrando en sus corporaciones los elementos comisionados con ex funcionarios o empresas de comunicación que legalmente no tienen derecho a este beneficio, como parte de los acuerdos más estrictos para brindar la tranquilidad y seguridad a la gente.
Los recursos que antes se destinaban a la protección de los privilegiados, ahora se canalizarán a la seguridad de la gente.
Los escoltas que fueron requeridos para reincorporarse son 40 de seguridad estatal, 50 de la Fiscalía, 90 del municipio Benito Juárez y 24 de Solidaridad. En total son 204 elementos sin incluir los 36 que de acuerdo con la ley obliga a que siga teniendo el ex gobernador Roberto Borge.
Para tener una idea de los recursos que se dilapidaron en este tipo de servicios, cada escolta cobraba diferente pues según “la palanca” del funcionario que cuidaba le subían el nivel. Un policía raso cobra 3,800 pesos.
Los integrantes de los Comités de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y el de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos se preparan para corregir a la brevedad irregularidades en que incurrieron quienes les antecedieron. Para esto se aplicará estrictamente la Ley Estatal de Seguridad Pública que establece con claridad quienes tienen derecho a escoltas proporcionados por el Estado. Redacción
