Con horarios infrahumanos y salario que no cumple con lo acordado trabajadores que realizan la apertura de brechas para el tramo 7, que corre de Bacalar- Escárcega, denunciaron explotación.
Son aproximadamente 50 habitantes de la alcaldía de Nicolás Bravo, quienes refieren que no se les paga lo que se les prometió.
Lorenzo Buendía Castillo, un trabajador, mencionó que de un salario prometido de 3 mil 800 pesos, solo les dan dos mil 300 pesos, sin embargo, el documento que firman por su sueldo, indican mil 500 pesos más que no se les entrega de manera semanal.
En cuanto a los trabajos que realizan, dijo que son extremos, pues, están desde las 07:00 horas hasta el atardecer, es decir, 18:00 horas.
También ejidatarios de Alfredo V Bonfil, han interpuesto demandas en contra del proceso de pago de sus tierras para el tramo 4, pues, aseguran que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), es “poco transparente y corrupto”.
Este lunes los afectados acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para solicitar asesoría legal y una investigación sobre estas irregularidades.
Los trabajadores y habitantes de Nicolás Bravo se quejan que sus capataces los obligaban a firmar nóminas sobrepuestas que indicaban la sección y su salario, pero cuando uno de ellos decidió retirar esa nómina sobrepuesta, se percató que el salario real era por mil 500 pesos más de lo que estaban percibiendo.
Dinero robado
Haciendo cuentas los afectados aseguran que son más de 500 mil pesos lo que les han robado. Ante esta denuncia de los trabajadores de Nicolás Bravo, ninguna autoridad ha dado explicación sobre el destino de dicho recurso.
Los trabajadores del tramo 7 aseguran que uno de los ingenieros a quien le conocen como “Palmerín” les dijo muy claro, que, si no aceptaban, lo que les pagaban, otro trabajador de otro poblado, seguramente lo aceptaría.
Coincidencia o no, este mismo día 23 miembros del ejido de Alfredo V Bonfil, acudieron al Juzgado de Distrito con sede en Cancún a interponer un amparo contra Fonatur y la Procuraduría Agraria delegación Quintana Roo, por negarse a transparentar la cantidad que se le pagó al Ejido Alfredo V. Bonfil como indemnización por el uso de sus tierras para el tramo 4 del Tren Maya.
Este amparo se inició pues, a dicho de la abogada de los ejidatarios, van tres meses de que se le transfirió a una cuenta personal al Comisariado Ejidal, sin que se conozca el monto y destino de varios millones de pesos que nunca llegaron a las cuentas de los otros ejidatarios.
Han presentado un segundo recurso jurídico, una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, con la finalidad de solicitar la nulidad de las asambleas donde se está acordando la indemnización de sus tierras para su aprovechamiento para el Tren Maya.
Con estas demandas buscarán que se nulifiquen las dos asambleas donde se dictó el precio por hectárea y la forma de pago, pues, aseguran que no hubo transparencia en el proceso.
Por Teresa Pérez
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