Un mes después del incendio que mató a 40 migrantes recluidos en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, los avances en la investigación son tímidos mientras crece el escrutinio sobre la política migratoria mexicana.
Estas son las siete claves para entender qué ha ocurrido desde que el pasado 27 de marzo sucediese una de las mayores tragedias migratorias de los últimos años en México:
Garduño, mira de la justicia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana cargos contra el director del INM, Francisco Garduño, el máximo responsable de ejecutar la política migratoria de México y quien está a la espera de que el próximo domingo el juez determine si le imputa.
El pasado martes compareció por última vez en el juzgado del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y la FGR lo acusó de “incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.
Cargos intermedios en prisión preventiva
Además de Garduño, varios funcionarios del INM están inmersos en el proceso judicial, entre los que se destacan el jefe de la institución en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, ahora en prisión preventiva; o el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, en libertad provisional.
También aguardan en la cárcel dos cargos intermedios y tres agentes de la estación migratoria de Ciudad Juárez; un guardia de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que operaba en la estación migratoria; y el migrante que supuestamente inició el incendio.
El futuro del INM, en duda
Tras el suceso, el INM recibió críticas por su gestión de la crisis migratoria que recorre México de norte a sur y por la condición en la que retiene a los migrantes en centros como en el que ocurrió la tragedia.
El sacerdote Alejandro Solalinde, veterano defensor de los derechos de los migrantes, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y con presunta influencia sobre él, insistió en una modificación de la política migratoria de México que conllevaría la desaparición del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Según ha declarado a medios, las negociaciones al respecto están muy avanzadas.
Nuevas evidencias
La noche del miércoles se difundió un nuevo video de las cámaras de seguridad en el interior del centro de detención, que muestran los momentos previos al incendio y el trato de los oficiales con los migrantes.
En el video, de 16 minutos y 25 segundos, se observa el momento en que los migrantes, presuntamente en forma de protesta tras enterarse de su deportación, colocan colchonetas frente a los barrotes de la celda para hombres y les prenden fuego.
Los diversos funcionarios huyen de la estancia, sin abrirles la puerta. López Obrador reconoció que no tenían la llave.
Condena internacional
El suceso provocó una condena inmediata de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que denunciaron las negligencias que condujeron a la tragedia, posiblemente evitable si se hubiese facilitado la salida de los migrantes privados de su libertad.
La repudia más directa llegó del Gobierno de El Salvador, que consideró los hechos como “un crimen de Estado” y dijo que el Gobierno de México cometió “una masacre”.
El embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas, reclamó el pasado martes al Gobierno mexicano una reparación por sus connacionales muertos y los nueve que, pese a sobrevivir, fueron hospitalizados.
Repatriación y reparación
Los migrantes fallecidos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, fueron repatriados a sus respectivos países al cabo de unas semanas.
Tras el reclamo de Guatemala, el secretario de Gobernación mexicano, Adán Augusto López, garantizó que repararían a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a quienes resultaron heridos, aunque no dio más detalles.
Opacidad del Gobierno
Aunque en los días posteriores al suceso el Gobierno mexicano, a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y de la fiscal especializada en materia de derechos humanos, Sara Irena Herrerías, informó exhaustivamente de las pesquisas, ahora dejó de hacerlo.
Desde entonces, los miembros del Ejecutivo apenas se han pronunciado al respecto, tan solo para defender que Garduño se mantenga en el cargo pese a la investigación abierta en su contra.
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Con información de EFE y López Dóriga Digital
