El presidente Donald Trump emitió una directiva para que el gobierno federal cancele cualquier financiamiento a organizaciones no gubernamentales implicadas en actos violentos o disturbios. En su mensaje en redes, acusó a estas ONGs de “incitar acciones radicales” y promover caos urbano, respaldándose en videos de protestas en Los Ángeles donde incendiaron autos y atacaron oficinas federales.
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Reacciones judiciales y legales en curso
Más de 50 ciudades lideradas por estados demócratas han iniciado acciones legales para impugnar la medida, argumentando que vulnera la autoridad del Congreso sobre el presupuesto y causará caos en servicios esenciales como salud, infraestructura y justicia ambiental.

En su defensa, la administración sostiene que tiene facultad para recortar fondos si las organizaciones no cumplen con objetivos establecidos, como combate al crimen y servicios sociales.

Impacto en programas comunitarios
Groupo como CalCAPA, que administra 66 millones en fondos para aprovisionar 1 330 mdd en asistencia local, advierten que eliminar la financiación sería un golpe crítico a la oferta de alimentos, capacitación laboral y servicios básicos. ONGs dedicadas a violencia de género y apoyo a migrantes también temen recortes injustificados, ya que la medida puede afectar recursos de programas esenciales incluso si no hay pruebas de participación en disturbios.
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