Crisis en Los Ángeles: 4,800 militares federales desplegados en Los Ángeles
El presidente Donald Trump autorizó el envío de 2,000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a Los Ángeles, en medio de crecientes protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Con esta medida, suman ya más de 6,000 los militares desplegados en la ciudad californiana.
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Asimismo, ha informado de que los militares desplegados por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, no podrán llevar a cabo “arrestos, registros o incautaciones“, sino que solo “se centran en la seguridad y continuidad de las funciones federales”.
“Dos mil soldados adicionales de la Guardia Nacional del Ejército de California han sido aprobados (para su despliegue) en virtud del Título 10 para apoyar la protección de las funciones federales, personal y propiedades en el área metropolitana de Los Ángeles”, reza un comunicado del Mando Norte estadounidense.
El magnate ordenó ya el despliegue de unos 4,100 efectivos de la Guardia Nacional y alrededor de 700 marines en Los Ángeles pese a las críticas del gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, quien ha catalogado estas acciones por parte de la administración como un ataque a la democracia estadounidense.
Gobernador de California rechaza medida
Gavin Newsom calificó el despliegue como “una amenaza a la autonomía estatal” y anunció acciones legales para frenar lo que considera una federalización injustificada de las fuerzas de seguridad. El mandatario demócrata acusó a la administración Trump de exacerbar las tensiones sociales en lugar de buscar soluciones dialogadas.
Las críticas se intensificaron después de que Trump sugiriera en sus redes sociales que algunos manifestantes estarían siendo pagados para protestar. El presidente no presentó evidencias para respaldar dicha afirmación, generando rechazo entre organizaciones civiles y líderes locales.
Posible aplicación de Ley de Insurrección
Fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que se evalúa invocar la Ley de Insurrección de 1807, que permitiría el uso del ejército regular para controlar disturbios civiles. Esta posibilidad ha generado alarma entre expertos constitucionalistas, quienes advierten sobre los riesgos de militarizar la respuesta a protestas sociales.
El último uso de esta legislación ocurrió durante los disturbios de 1992 en Los Ángeles, tras la absolución de los policías que golpearon a Rodney King. Historiadores señalan que aquel episodio dejó profundas heridas en las relaciones entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.
Impacto en las calles de Los Ángeles
El centro de la ciudad amaneció con un visible incremento de patrullas militares y controles de seguridad alrededor de edificios gubernamentales. Varias oficinas federales permanecen cerradas al público como medida preventiva, mientras comerciantes de la zona expresan preocupación por el impacto económico.
Testigos relataron escenas de tensión cuando manifestantes intentaron aproximarse a centros de detención migratoria, donde fueron contenidos por barreras de seguridad. Hasta el momento, no se reportan enfrentamientos directos entre soldados y civiles, aunque organizaciones de derechos humanos mantienen equipos de observación en terreno.
División política y social
El tema ha profundizado la polarización en California:
- Líderes republicanos respaldan el operativo como necesario para mantener el orden
- Legisladores demócratas preparan mociones para limitar el despliegue militar
- Comunidad migrante exige el cese de las redadas del ICE
Alcaldes de ciudades vecinas como San Francisco y Oakland anunciaron que no permitirán el ingreso de tropas federales a sus jurisdicciones, marcando una clara oposición a las medidas de la administración Trump.
Reacciones internacionales
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por el uso de fuerzas militares en contextos de protesta social. Mientras, gobiernos de varios países latinoamericanos solicitaron garantías para sus connacionales residentes en California.
Analistas políticos coinciden en que este episodio podría tener repercusiones en las relaciones entre el gobierno federal y los estados, particularmente aquellos con administraciones demócratas que se oponen abiertamente a las políticas migratorias de Trump.
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