La libertad de prensa enfrenta un desafío creciente en todo el mundo. Un informe reciente de la UNESCO ha puesto de manifiesto cómo los gobiernos han intensificado su uso de tácticas legales para silenciar a los periodistas, acusándolos de delitos financieros, fiscales y antiterroristas, todos ellos sin relación directa con su trabajo periodístico. Esta situación ha llevado a un notable aumento de casos de censura indirecta, poniendo en riesgo el ejercicio del periodismo libre y crítico.
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Aumento Alarmante de Casos
El informe de la UNESCO, que abarca el período de 2005 a 2024, revela que se han documentado 120 casos en total, de los cuales más de la mitad (60 por ciento) ocurrieron entre 2019 y 2022. Este periodo coincide con un incremento global de la represión a la libertad de expresión, destacando el año 2022, que registró un récord de 25 casos. Guilherme Canela, responsable de la sección de Libertad de Prensa y Seguridad de los Periodistas de la UNESCO, afirma que existe una “clara tendencia” hacia la censura indirecta.
Definición de Censura Indirecta
La “censura indirecta” se refiere a la práctica en la que las autoridades utilizan leyes comunes, como extorsión, blanqueo de capitales y evasión fiscal, en lugar de recurrir a legislaciones específicas sobre difamación. Esto se convierte en un mecanismo sutil pero eficaz para desacreditar a los periodistas, afectando su capacidad para investigar y reportar sobre temas sensibles relacionados con el poder político y económico.
Herramientas de Represión
Además de las acusaciones por delitos económicos, la UNESCO señala el uso de “leyes sobre agentes extranjeros” y legislaciones antiterroristas como herramientas adicionales para acosar a los medios de comunicación. Estas leyes permiten a las autoridades presentar cargos que vinculan a los periodistas con actividades terroristas, creando un clima de miedo que inhibe la libre expresión.
Consecuencias Legales y Psicológicas
Los periodistas que enfrentan estos cargos no solo enfrentan largas penas de cárcel, sino que también deben lidiar con el exilio forzoso y el cierre de medios de comunicación. Canela destaca que estos procesos no solo tienen un costo legal elevado, sino que también generan un significativo impacto psicológico en los informadores, quienes pueden optar por la autocensura, especialmente en temas delicados como el medio ambiente.
Regiones Afectadas
Según el informe, la mayor parte de esta censura se ha registrado en Asia y el Pacífico, Europa del Este y Asia Central. En América Latina y el Caribe, se documentaron siete casos entre 2010 y 2023, con una mayor concentración en Centroamérica, donde ha habido un notable aumento en las acusaciones por blanqueo de capitales y extorsión.
Acceso a la Defensa Legal
Los periodistas acusados de delitos económicos enfrentan serias dificultades para defenderse. El informe subraya que acceder a servicios legales es más complejo y costoso en estos casos que en litigios por difamación. La defensa requiere expertos en derecho corporativo, penal y fiscal, así como contables, lo que complica aún más la situación para quienes intentan hacer su trabajo.
Estrategias de Intimidación: SLAPP
Otra táctica que ha ganado terreno son los “pleitos estratégicos contra la participación pública” (SLAPP por sus siglas en inglés), donde actores poderosos demandan a voces críticas con el objetivo de intimidar y generar costos legales significativos. Esta práctica busca silenciar la disidencia y debilitar la capacidad de los periodistas para informar libremente.
Avances Regulatorios
A pesar del panorama desalentador, hay avances en algunas regiones. Recientes directivas de la Comisión Europea y un dictamen del Tribunal Supremo de Brasil han comenzado a abordar estas prácticas abusivas. Estas iniciativas indican que es posible regular el uso de tácticas legales que amenazan la libertad de prensa, pero queda mucho por hacer.
Fuentes: López-Doriga
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