En un fallo considerado contundente contra la inacción gubernamental y los abusos en el desarrollo inmobiliario, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmó el pasado 19 de febrero de 2026 una sentencia que obliga a autoridades estatales y municipales a corregir graves irregularidades en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey.
La resolución, derivada del amparo en revisión 280/2024, establece que las autoridades no pueden seguir ignorando desarrollos habitacionales entregados sin drenaje, sin infraestructura hidráulica adecuada y en condiciones que vulneran el derecho fundamental a una vivienda digna.
En este fraccionamiento, familias han vivido durante años sin servicios básicos, enfrentando problemas como drenajes colapsados, aguas negras y un entorno insalubre que afecta su calidad de vida.
“Hoy la justicia ya ha hablado, lo que exigimos es que las autoridades actúen y hagan su trabajo, así como nos piden a los ciudadanos cumplir, también deben vigilar que las desarrolladoras entreguen viviendas en condiciones adecuadas y ejecutar las fianzas cuando no cumplan”, señaló Mónica Huerta, representante de la organización Díaz.
El fallo judicial establece acciones concretas y plazos estrictos. Las autoridades municipales deberán reconocer formalmente el incumplimiento del desarrollador, mientras que el gobierno estatal tendrá que iniciar de inmediato un procedimiento legal para obligar a concluir las obras de agua potable y alcantarillado.
Se fijó un plazo máximo de tres días para que la empresa desarrolladora responda. En caso de incumplimiento, las autoridades deberán ejecutar una fianza superior a los 12.7 millones de pesos, recursos con los cuales el Estado deberá realizar directamente las obras en un periodo no mayor a seis meses.
La representante de la organización advirtió que este caso no es aislado. En Quintana Roo, miles de viviendas han sido construidas y comercializadas sin cumplir con condiciones básicas de urbanización, en un contexto marcado por la tolerancia e incluso omisión de autoridades.
El tribunal envía un mensaje claro: la falta de acción gubernamental también constituye una violación a los derechos humanos.
La sentenciadaca a luz una práctica común en la que autoridades y desarrolladores se deslindan de responsabilidades, mientras las familias permanecen en condiciones precarias.
El fallo también establece que el derecho a la vivienda digna no se limita a la entrega de una casa, sino que implica garantizar condiciones reales de habitabilidad, como acceso a agua potable, drenaje, saneamiento y un entorno seguro.
Con esta resolución, Mónica Huerta, dijo que el Poder Judicial marca un precedente que obliga a las autoridades a pasar del discurso a los hechos, al tiempo que abre la puerta para que más ciudadanos exijan el cumplimiento de sus derechos ante situaciones similares.
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