● Más allá de la inseguridad, los bloqueos y quemas nos roban el derecho a un aire limpio y a un entorno sano.
Por el Ing. Ángel Gabriel Pérez Camargo
Mirar al cielo en estos días no es solo un acto de contemplación; para quienes trabajamos en la intersección entre la infraestructura y el medio ambiente, es un acto de diagnóstico.
Durante el fin de semana, mientras la violencia se manifestaba en bloqueos y quemas a lo largo del país, ese cielo que observamos se tiñó no solo de humo, sino de las consecuencias de un profundo deterioro social y ambiental.
Desde mi experiencia en la construcción de carreteras y el desarrollo de infraestructura verde —como las azoteas naturadas—, he aprendido que todo lo que construimos o destruimos deja una huella en el entorno.
Lo ocurrido no es la excepción. No pretendo aquí rellenar páginas con los ya conocidos titulares sobre la inseguridad.
Mi objetivo es analizar, como ingeniero y ciudadano, cómo estos actos de violencia se convierten en un atentado directo contra nuestros derechos humanos más fundamentales: la salud, el bienestar y un medio ambiente sano.
La relación entre un ecosistema equilibrado y la dignidad humana es inquebrantable.
Sin embargo, el crimen organizado, al incendiar vehículos en las arterias que conectan nuestro país, no solo paraliza la movilidad, sino que siembra el caos químico en nuestra atmósfera.
Se reportaron más de 250 bloqueos carreteros en al menos 16 estados de la República.
Los datos son fríos, pero el daño es tangible.
Desde Jalisco hasta Veracruz, pasando por Guanajuato y Guerrero, cada bloqueo no es solo un punto en el mapa; es una arteria nacional paralizada que, además, se convirtió en un foco de contaminación al quemarse vehículos, llantas y comercios.
Esa quema liberó una mezcla letal de gases tóxicos y partículas cancerígenas, derivadas principalmente de la combustión de llantas y materiales sintéticos.
Si bien es prematuro calcular con precisión las toneladas de emisiones contaminantes arrojadas a la atmósfera —una labor que, como especialistas, deberemos emprender—, el impacto visual y ambiental es innegable.
Para dimensionarlo, me atrevo a decir que el daño atmosférico de este fin de semana solo es comparable, en su magnitud concentrada, con la memoria de aquella trágica explosión de San Juanico en los años ochenta.
Estamos, sin duda, ante un desastre ambiental silencioso pero agudo.
Pero el daño no es solo atmosférico o material; tiene una dimensión jurídica y humana que nos interpela como sociedad.
Nuestro derecho a un medio ambiente sano fue vulnerado. La calidad del aire —ese recurso invisible que compartimos todos— se degradó drásticamente en comunidades enteras, exponiendo a la población a riesgos de salud que perdurarán más allá de las llamas.
El suelo, receptor de residuos peligrosos, también resultó afectado.
Además, como ingeniero civil, me duele decirlo: se atentó contra la infraestructura que nos conecta y sostiene.
Pero más allá de lo material, la violencia y la intimidación erosionan la capacidad de las autoridades y de nosotros, como sociedad, para defender nuestro territorio y exigir justicia ambiental.
Cuando el miedo se apodera de las calles, la defensa del entorno se vuelve una hazaña.
La violencia no solo nos arrebata la paz, sino también el derecho a respirar un aire puro y a vivir en un territorio libre de contaminación.
Mirar hacia un “cielo verde” no puede ser solo una metáfora poética; debe ser un indicador de un presente en paz.
Si no protegemos lo que nos da vida, ¿qué nos quedará?
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