CANCÚN, Q. ROO — La inminente entrada en vigor de la reforma aduanera el próximo 1 de enero de 2027 amenaza con generar un fuerte impacto en la economía del Caribe Mexicano, advirtió Sergio León Cervantes, vicepresidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) en el Sureste.
Dado que Quintana Roo importa el 60% de los 23,000 millones de dólares que consume anualmente —abasteciendo sectores clave como alimentos, bebidas, textiles, materiales de construcción y proveeduría para la industria turística—, las nuevas disposiciones federales podrían traducirse en mayores costos para los consumidores y trabas severas para el sector comercial.

El peligro de la discrecionalidad y el control de precios
De acuerdo con el posicionamiento emitido por el organismo empresarial, la normativa contempla una vigilancia mucho más estricta por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas para fiscalizar el valor de las mercancías y los gastos generados en el extranjero.
Entre los puntos más críticos señalados por el sector se encuentran:
- Sospecha ante precios bajos: Si un producto se importa a un costo menor en comparación con mercancías similares, el SAT podrá iniciar revisiones que deriven en embargos precautorios y retención de inventarios por supuestas diferencias de valoración.
- La regla del 20%: Se impondrán diversas garantías obligatorias según la brecha de precio detectada, sumado a nuevas cargas burocráticas y multas de hasta el 100% del valor comercial en rubros específicos como combustibles.
- Vacíos de criterio: El Comce advirtió que el mayor riesgo es la discrecionalidad humana, pues adquirir mercancía a bajo costo no implica necesariamente un fraude, ya que intervienen factores como el volumen, los proveedores y la capacidad de compra directa.

Impacto a micronegocios y cadenas de suministro
El sector productivo reconoció que combatir la subvaluación y la evasión fiscal es positivo para lograr una competencia justa y elevar la recaudación sin crear nuevos impuestos. Sin embargo, alertaron sobre las consecuencias colaterales de detener el flujo de mercancías:
- Golpe a la liquidez: En un estado donde el 95.5% de las unidades económicas son micronegocios, inmovilizar mercancías equivale a inmovilizar capital, afectando severamente la operación de las pequeñas empresas.
- Aumento en el costo de vida: Las restricciones y la lentitud en los despachos aduanales amenazan con encarecer aún más los productos en plena desaceleración económica, golpeando los bolsillos de las familias quintanarroenses.
Ante este panorama, el sector empresarial en el sureste hizo un llamado urgente a conformar un frente común para exigir reglas claras que eviten que una medida de control fiscal termine por asfixiar la competitividad y encarecer las cadenas productivas del estado.
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