El diagnóstico de muerte en las autopsias de 30 manifestantes que fallecieron fue por disparos con armas de fuego, esto es más de la mitad de los 49 civiles que cayeron en enfrentamientos con la fuerza pública en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú entre diciembre y febrero.
The Associated Press revisó los informes forenses de 32 de las víctimas por enfrentamientos con las fuerzas del orden y, salvo en dos casos, todos atribuyen las muertes a esa frase, lo que apunta al uso de armas letales en la contención de las protestas.
Las necropsias detallan los daños por los impactos y tres de ellas también dan cuenta de los calibres de las balas, ya que aún se encontraban en los cuerpos.
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Coinciden con las que utilizan las armas de las fuerzas de seguridad peruanas, como los fusiles AKM con calibre 7.62 mm y las pistolas 9 mm Beretta y Sauer, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso la AP que enlista las armas disponibles en una comisaría de Juliaca.
Esto, según expertos, apunta a que policías y soldados que reprimieron las manifestaciones incurrieron en uso excesivo de la fuerza y fueron en contra de sus manuales de operación que prohíben disparar directamente contra los manifestantes, salvo en el caso extremo de amenaza para su vida.
El gobierno negó abusos, pero organismos internacionales, como el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han iniciado sus propias revisiones sobre el uso desproporcionado de la fuerza.
Con información de Latin US.
