Activistas alertan sobre la militarización de la frontera y el temor en comunidades migrantes
Representantes de más de 10 organizaciones defensoras de los derechos civiles se reunieron en una conferencia de prensa para abordar la creciente tensión en la zona fronteriza, generada por las medidas impuestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott.
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La entrada en vigor de una ley que concede a las autoridades estatales el poder de detener y deportar migrantes sin el debido proceso ha desencadenado la acción de milicias y vigilantes privados que, según denuncian los activistas, están atemorizando a las comunidades.
Militarización de la frontera y la sombra del tiroteo de El Paso
Jessie Fuentes, director de Eagle Pass Border Coalition, expresó su preocupación por la presencia de milicias y vigilantes en la zona, señalando que la comunidad migrante y latina se ha convertido en un objetivo. Activistas como Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), responsabilizan directamente al gobernador Abbott por la crítica situación, temiendo posibles ataques violentos contra refugiados, migrantes y miembros de la comunidad.
Los activistas recordaron el trágico tiroteo de 2019 en un supermercado de El Paso, donde 23 personas murieron y 22 resultaron heridas. El atacante confesó que su objetivo era “matar mexicanos”. Este recuerdo aumenta la preocupación de los defensores de los derechos civiles sobre la escalada de violencia en la región.
Ley SB4: Una amenaza inminente para migrantes y comunidades hispanas
La entrada en vigor en marzo próximo de la ley SB4, que criminaliza el ingreso irregular al estado, preocupa aún más a los activistas. Se convierte en delito menor ingresar de forma irregular, y la reincidencia puede castigarse con hasta 20 años de prisión. Más de 50 organizaciones civiles se han declarado en “estado de alerta y resistencia”, realizando eventos informativos para concientizar sobre los peligros de esta legislación.
Lupita Sánchez, miembro de Border Workers United (BWU), destacó que cerca de 12 millones de hispanos residen en Texas, constituyendo el 40.2% de la población. La ley SB4 amenaza a las llamadas “familias mixtas”, compuestas por ciudadanos estadounidenses y personas indocumentadas, generando un temor generalizado en la comunidad.
Desafío legal y críticas a la Casa Blanca
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda contra el estado de Texas, argumentando que la SB4 es inconstitucional y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Los activistas también han dirigido críticas a la Casa Blanca por no adoptar una postura más firme frente al gobernador Abbott y sus políticas fronterizas, generando tensiones legales entre ambas partes.
Fuente: Joaquín López Dóriga
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