Aguakán se defiende en medios nacionales y dice que ha pagado 8 mil 500 millones de pesos al Gobierno del Estado de Quintana Roo en contraprestaciones.Denuncia hostigamiento y pide respeto a su concesión de agua en Quintana Roo.
CIUDAD DE MÉXICO.– Durante una entrevista en El Heraldo, el licenciado Jonathan Graham, acompañado por los licenciados José Zapata y Jordi Oropesa, representantes de la empresa Aguakán, expuso los retos y preocupaciones que enfrenta la concesionaria de agua potable y saneamiento en el estado de Quintana Roo. El llamado principal es que se respete el estado de derecho, así como los derechos de los inversionistas nacionales e internacionales, incluidos Afores y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
En entrevista con Oscar Mario Beteta, los representates de Aguakán aclararon que la empresa no fija las tarifas de agua, sino que estas son establecidas por el Congreso de Quintana Roo y aplican de manera uniforme en los once municipios. Aun así, la empresa ha sido señalada de “cobros excesivos”, situación que, afirman, no depende de ellos, sino de la legislación estatal.
Controversia legal y presiones
Los representantes de Aguakán denunciaron hostigamiento por parte de autoridades locales, que ha derivado en órdenes de aprehensión contra funcionarios de la empresa.
Según explicaron, estas acciones responden a una “mala comprensión de la situación” y podrían haberse resuelto en un arbitraje comercial, tal como estipula el título de concesión.
“La seguridad jurídica es indispensable para mantener la inversión y la confianza en México. Llamamos a las autoridades estatales y federales a atender este tema con seriedad y apego a la ley”, señaló José Zapata.
Llamado a un acuerdo justo
A pesar del panorama adverso, Aguakán mantiene la disposición de negociar una salida de la concesión siempre y cuando sea en condiciones de equidad y con un retorno justo para los inversionistas. Insisten en que se han realizado millonarias inversiones en infraestructura, pagado impuestos y contraprestaciones al gobierno, por lo que exigen un trato conforme al estado de derecho.
Inversión de Afores y FONADIN.
Durante la entrevista, Graham destacó la participación de importantes Afores (Banamex, Principal, Sura, Pensionissste) y del FONADIN como accionistas. El capital inyectado ha permitido mejorar la infraestructura hídrica y garantizar el abasto de agua en zonas de alto crecimiento poblacional, como Cancún y Playa del Carmen.
“La protección de los derechos de estos inversionistas y de los 22.5 millones de trabajadores que representan es vital para la seguridad jurídica en el país”, subrayó Graham. Salida negociada y llamada al diálogo
Los representantes de Aguakán aseguran que están abiertos a una salida de la concesión, siempre y cuando exista “piso parejo” y se respete el derecho a un retorno justo para los inversionistas, en especial las Afores, que representan los ahorros de 22.5 millones de trabajadores.
Caber recordar que Aguakán es la empresa concesionaria encargada de captar, distribuir y tratar el agua potable en cuatro de los once municipios de Quintana Roo:
• Benito Juárez (Cancún)
• Solidaridad (Playa del Carmen)
• Isla Mujeres
• Puerto Morelos
La concesión con la que cuenta la empresa es integral, pues no solo suministra agua, sino que también recolecta y trata las aguas residuales, reinyectándolas al subsuelo para proteger el medio ambiente en uno de los principales destinos turísticos de Quintana Roo
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