La imposición del pago por el derecho de saneamiento ambiental en el ámbito de las rentas vacacionales plantea desafíos significativos, según el consultor en turismo y exdirector del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo. Destacó la necesidad de cumplir con los requisitos de Protección Civil para garantizar la seguridad de los turistas, convirtiendo esta normativa en una obligación crucial para las plataformas como Airbnb.
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Impuesto a Airbnb
Recientemente, las autoridades de Benito Juárez anunciaron la inclusión del Derecho de Saneamiento Ambiental para las rentas vacacionales en plataformas digitales en sus propuestas de Ley de Ingresos, Ley de Hacienda y Paquete Económico 2024. Se anticipa un aumento presupuestario del 15%, alcanzando aproximadamente 6 mil 700 millones de pesos. Este incremento, además de ajustarse a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), espera aprovechar las expectativas de recaudación asociadas al mencionado derecho.
La recaudación proyectada se basa en la identificación de alrededor de 11 mil inmuebles utilizados para rentas vacacionales en la ciudad. Estos inmuebles, ya sea a través de plataformas digitales o promocionados en redes sociales por sus propios dueños, estarán sujetos al Derecho de Saneamiento Ambiental. Se espera que la implementación de este nuevo régimen fiscal comience este año.
Flota Ocampo enfatiza la importancia de asegurar que estas plataformas cumplan con medidas de seguridad, incluyendo requisitos de Protección Civil y revisiones contra incendios. Además, destaca la necesidad de que estas unidades contribuyan a los gastos de la ciudad mediante impuestos y aportaciones, específicamente a través del impuesto al hospedaje para respaldar la promoción turística.
Crecimiento de rentas vacacionales
En el contexto de Quintana Roo, el rápido crecimiento de este tipo de alojamientos se evidencia, particularmente en destinos como Playa del Carmen y Tulum, donde las unidades de alquiler superan en número a las habitaciones de hotel, alcanzando aproximadamente 40 mil unidades.
El Ayuntamiento de Benito Juárez planea abordar este desafío mediante la identificación y registro progresivo de los 11 mil inmuebles. Aunque este proceso no se espera que concluya en un año, se busca lograr una primera etapa de identificación, seguida por la invitación abierta para la inscripción en el padrón municipal y, posteriormente, la imposición de obligaciones como licencias de funcionamiento, medidas de Protección Civil y el pago de derechos.
Con información de Por Esto.
