Chetumal, Quintana Roo.- Ante el aumento en el número de casos de covid-19, y de fallecimientos que conlleva el riesgo de volver al color naranja del semáforo sanitario local, el Gobierno del Estado determinó ampliar hasta el 15 de febrero la suspensión de actividades presenciales de sus trabajadores en oficinas gubernamentales.
Apenas el viernes 15 de enero venció uno de los tres acuerdos anunciados por el gobernador Carlos Joaquín González el 16 de diciembre mediante el cual se anunció la suspensión de actividades presenciales en dependencias estatales y la aplicación de restricciones en movilidad y transporte y la prohibición de efectuar reuniones familiares y actividades masivas durante la temporada decembrina en un intento de frenar la propagación del covid-19.
Aunque las restricciones fueron incumplidas en destinos turísticos donde se realizaron eventos masivos y en servicios de transporte público.
En su tradicional programa de los jueves, el gobernador Carlos Joaquín González anuncio que Quintana Roo permanece en el color amarillo del semáforo sanitario estatal hasta el 24 de enero aunque el riesgo latente de volver al rojo por el aumento en el número de casos positivos y fallecimientos.
Este domingo, el Consejo de la Judicatura del Poder Ejecutivo publicó en su página el anuncio mediante el cual se da a conocer a las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública y conforme a lo instruido mediante acuerdo emitido por el gobernador, publicado en el periódico oficial del Estado el día 16 de enero, que deberá suspender las labores presenciales así como términos y plazos legales dentro de los procedimientos administrativos que desarrollen durante el periodo comprendido del 16 de enero al 15 de febrero.
En el acuerdo quedan exceptuadas, de dichas medidas, aquellas actividades laborales relacionadas con la recaudación, auditorías, atención de trámites y prestación de servicios al público, las secretarías de salud, seguridad pública, los servicios estatales de salud, la coordinación Estatal de Protección Civil, las juntas locales especiales y tribunal Estatal de conciliación y arbitraje y procuradurías de la defensa del trabajo y aquellos considerados como esenciales.
