Un juez federal admitió a trámite un amparo contra la creación del Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto, decretada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo. Este decreto, firmado en septiembre de 2024, abarca 53,277 hectáreas de selva, incluyendo terrenos pertenecientes a la minera Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, conocida por sus controversias ambientales en la región.
Detalles del Amparo
El juez Ciro Carrera Santiago, del Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo, admitió el amparo promovido por un particular cuyo nombre no se ha revelado. Sin embargo, negó la suspensión provisional al considerar que su otorgamiento podría comprometer el bienestar social y el equilibrio ecológico del área.
Argumentos del Amparo
El amparo presentado reclama específicamente la decisión de declarar como ANP las 53,277 hectáreas de selva en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, bajo la categoría de protección de flora y fauna. Este procedimiento fue parte del decreto firmado por López Obrador para proteger los ecosistemas locales y frenar la devastación causada por actividades extractivas como las de Calica.
El juez determinó que los actos reclamados serán revisados en una audiencia incidental programada para el 26 de noviembre, donde decidirá si concede la suspensión definitiva contra el decreto. Mientras tanto, las autoridades responsables del acto deberán presentar informes en un plazo de 48 horas para responder a las acusaciones.
El Contexto del Decreto
La creación del ANP Felipe Carrillo Puerto buscó preservar una de las regiones más biodiversas de México, afectada históricamente por la extracción de materiales pétreos. La medida generó opiniones encontradas, siendo aplaudida por ambientalistas, pero cuestionada por empresas y particulares que consideran que afecta sus derechos o intereses económicos.
¿Qué sigue?
La audiencia del 26 de noviembre será clave para determinar si el decreto se mantiene o enfrenta limitaciones legales. Mientras tanto, el caso pone en debate el equilibrio entre la conservación ambiental y los derechos empresariales en una región de alta importancia ecológica y económica para México.
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