Cancún.- David Velázquez, Rosa María Castro y Rubén Santacruz, integrantes de la asociación Quintana Roo Unido y socios y operadores de la plataforma Uber, advirtieron que en caso de que los legisladores no aprueben la Ley de Movilidad ya y legalizar el servicio que ofrece la empresa, “habrá un descontrol muy grande en la ciudad de Cancún”.
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Sin embargo, no saben si existe un plan intencional para que la prestación del servicio público de transporte se vuelva caótico en el Estado.
De ahí que, solicitaron que se investigue al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo y se le realice una auditoría fiscal con el fin de comprobar que no existe desvío de recursos para financiar acosos, amenazas y agresiones.
“Todos lo sabemos, pues sus dirigentes lo han dicho públicamente, que sus votos son para el mejor postor. Queremos que se le haga una auditoría para saber que la Ley de Movilidad se esté inclinando a favor de los sindicatos sino a favor de los ciudadanos”.
Dejaron en claro que ellos no ofrecen el servicio de taxi a los clientes de manera pirata o clandestina, como otros operadores de Uber sí lo realizan; pese a que la plataforma lo suspendió de manera temporal desde el pasado 19 de Diciembre, en espera de la aprobación de la Ley de Movilidad y que los legisladores le quitaran candados y poder operar.
“Nosotros como Quintana Roo Unido, estamos totalmente en contra de los servicios clandestinos. Queremos quedarnos en el marco de lo que hace Uber, en sus negociones con el Gobierno del Estado”.
Los tres dijeron ya no tener certeza de que lo que realizan los servicios al margen de la plataforma pertenezcan o no a Uber; ya que al final de cuentas cualquiera que ahora tenga un carro puede dar un servicio clandestino.
Comentaron que desde que la plataforma digital dejó de operar temporalmente, se creó un vacío pues al llegar un turista al Aeropuerto Internacional de Cancún le extraña no poder solicitar el servicio de taxi en sus celulares; por lo que cualquiera les cobra hasta 25 dólares por llevarlos de una terminal aérea a otra, señalaron.
Dieron a conocer que para evitar tentaciones, los socios le solicitaron a sus operadores regresar las unidades para evitar dar servicios clandestinos; ya que en caso de ser detectados por la autoridad, la multa será de 63 mil pesos, más siete mil por el arrastre. A cambio, aseguraron que se les apoya con al menos mil pesos a la semana.
Reiteraron que la empresa se está preparando para volver a ofrecer una vez más el servicio en Cancún y Puerto Morelos; aunque no saben la fecha exacta, en espera de que los diputados del Congreso de Quintana Roo aprueben la Ley de Movilidad y sea reconocida su actividad por parte del Gobierno del Estado.
Dijeron que la empresa les pidió a sus socios y operadores de nueva cuenta actualizar los documentos para operar; manden fotografías para que no se modifiquen, darse de alta ante la Secretaría de Hacienda; pasen revista las unidades y que tengan en orden todos los permisos, y renovar los exámenes psicosométricos. Redacción
