La salida de la Colección Gelman de México hacia España ha escalado de titulares periodísticos a protestas lideradas por el artistas mexicanos, que exige al gobierno de Claudia Sheinbaum frenar el traslado de las 160 obras, la mayoría de ellas de los máximos exponentes del arte moderno mexicano.
La polémica se concentra especialmente en 30 de las 160 piezas, que al estar clasificadas como patrimonio artístico son “simbólicamente de los mexicanos”. La comunidad artística critica la opacidad del proceso y advierte que el resto de las obras (no declaradas) podrían quedarse en España o venderse sin que el Estado pueda intervenir.
El principal punto de fricción son las 18 obras de Frida Kahlo incluidas en la colección, que cuentan con una protección especial. Un decreto de 1984 prohíbe la exportación definitiva de sus piezas, y solo permite salidas temporales en casos excepcionales autorizados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (Inbal).
Expertos como el historiador Francisco Berzunza compararon la situación con el legado artístico de España: “Es como si España entregara toda su obra de Velázquez a una entidad privada y extranjera”. La crítica María Minera cuestionó: “¿Puede más un banco que todo nuestro país?”.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el acuerdo y aseguró que las obras regresarán a México en 2028 “como dice la ley”, y que la colección no se venderá ni permanecerá fuera por mucho tiempo. Sin embargo, el contrato entre el Inbal y Santander, al que tuvo acceso The Guardian, establece que el banco gestionará la colección “en cualquier momento” entre junio de 2026 y el 30 de septiembre de 2030, con posibilidad de prórroga indefinida mediante acuerdo entre las partes.
Las contradicciones se acentuaron cuando la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que las obras regresarían en 2028, mientras que el contrato original fijaba el retorno para 2030. Carlos Lara, especialista en derecho cultural, señaló que “han tenido que reelaborar el acuerdo a partir del escándalo; no esperaban esta reacción”.
El director de Faro Santander, Daniel Vega Pérez, declaró a El País que la meta es que la colección tenga una “presencia permanente, pero dinámica” en el centro español, y calificó las renovaciones de los permisos como un “mero trámite”.
La colección, que atrae a decenas de miles de visitantes en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, saldrá del país en julio tras la conclusión de la muestra. El gobierno asegura que las obras regresarán en 2028 para cumplir la ley, pero la ambigüedad del contrato y las declaraciones de los directivos del banco han generado una desconfianza que el sector artístico no logra disipar.
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