Capacitación y coordinación interinstitucional marcan el avance
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, realizada en Chetumal, se presentó el informe anual de actividades y avances en el Programa Especial de Protección de los Derechos Humanos.
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Cristina Torres, secretaria de Gobierno, destacó la capacitación de servidores públicos y los acuerdos interinstitucionales como ejes principales para garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos en el estado.
En 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos logró nueve acuerdos de coordinación y ofreció 75 cursos dirigidos a trabajadores de la Secretaría de Gobierno, impactando a más de 25 mil habitantes con materiales que promueven una cultura de respeto hacia los derechos humanos.
Avances en la lucha contra la tortura y buen trato
Un punto destacado de la sesión fue el Programa Anual Trabajo contra la Tortura, que fortaleció las capacidades de los servidores públicos en la atención a víctimas mediante acciones de profesionalización. Además, se implementaron medidas para garantizar el buen trato en los servicios de salud, particularmente en la atención durante el embarazo, parto y puerperio.
También se promovió que los servidores públicos se abstuvieran de realizar expresiones que deslegitimen, criminalicen o revictimicen a las víctimas de tortura, sus familias o defensores de derechos humanos, fortaleciendo así una cultura institucional de respeto y apoyo.
Impulso a reformas legislativas y protección de grupos vulnerables
A través del Congreso del Estado, se impulsaron reformas legales enfocadas en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como en el reconocimiento de los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas. Entre las modificaciones destacadas se encuentran la tipificación de la tentativa de feminicidio y la cohabitación forzada como delitos graves, así como reformas para combatir el trabajo infantil y el turismo sexual infantil.
La sesión también incluyó informes de trabajo de la Fiscalía General del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y otros organismos. Estas acciones consolidan el compromiso de Quintana Roo con los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social.
