Banco Azteca demanda a siete periodistas por difamación
Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó una demanda por daño moral contra siete periodistas y comunicadores en redes sociales.
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La empresa argumenta que publicaciones en X (antes Twitter) afectaron el 7% de sus depósitos, adjudicando responsabilidades millonarias a los señalados.
La organización Artículo 19 advirtió que este proceso podría vulnerar la libertad de expresión en México, generando un “efecto inhibidor” que afectaría no solo a los demandados, sino también a otros comunicadores y ciudadanos que difundan información crítica sobre empresas o figuras con poder.
Salinas Pliego defiende la demanda
El empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció en X sobre el caso, asegurando que la defensa de los periodistas deberá ser fuerte y costosa.
“Nos vemos en el juicio y más les vale que estén dispuestos a meterle una lanototota a su defensa”, escribió.
También acusó al exvocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, de estar detrás de las publicaciones y calificó la controversia como una “cortina de humo” del actual gobierno.
Salinas Pliego afirmó que el equipo legal de Banco Azteca está conformado por 18 de sus mejores abogados y que el proceso será extenso.
Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios y periodistas expresaron preocupación por la posible criminalización del ejercicio periodístico.
Preocupaciones sobre libertad de expresión
Artículo 19 recordó que México ya cuenta con mecanismos legales para solicitar rectificaciones en caso de información errónea, por lo que el uso de demandas civiles y penales contra periodistas podría interpretarse como una forma de intimidación.
La organización llamó al Poder Judicial del Estado de Jalisco a evaluar el caso bajo los estándares de libertad de expresión y a evitar el uso del derecho penal como herramienta de censura. También instó a Banco Azteca y Grupo Salinas a abstenerse de emprender acciones legales que limiten el ejercicio del periodismo.
Este caso ha reavivado el debate sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), utilizadas para frenar críticas y generar temor en periodistas e investigadores. Organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa seguirán atentas al desarrollo del proceso.
Fuente: Aristegui noticias
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