Tamaulipas.- El exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores fue detenido ayer por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en Ciudad Victoria; esto en cumplimiento a una orden de aprehensión.
El exgobernador Eugenio Hernández es acusado por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ordenamiento judicial fue liberado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en esta capital a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El fiscal anticorrupción Javier Castro Ormaechea confirmó que Eugenio Hernández Flores, exmandatario tamaulipeco en el periodo 2005-2010 contaba con una orden de aprehensión liberada el 4 de octubre de 2017.
Añadió que el pasado 28 de septiembre la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejercitó acción penal y solicitó la orden de aprehensión en contra de Hernández Flores.
De acuerdo con Castro Ormaechea el origen de la averiguación es a partir de la apropiación de una superficie de mil 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio del estado, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, mismo que actualmente tiene un valor de mil 584 millones de pesos .
Hernández Flores fue ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria ayer por la mañana luego de ser detenido en la capital, donde según lo expuesto por el fiscal anticorrupción habrá de rendir su declaración preparatoria.
Además, el titular de la Fiscalía de Tamaulipas aseguró que debido a la secrecía de la investigación, no se pueden proporcionar mayores informes, y añadió que a partir de que el exgobernador Eugenio Hernández Flores rinda su declaración, su situación jurídica quedará en manos del juzgado segundo.
LO NIEGA
Eugenio Hernández Flores negó ser responsable de la imputación de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita; su defensa califica de injusta la acusación y solicita la ampliación del término Constitucional para aportar pruebas que desacrediten los señalamientos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Juan Jorge Olvera Reyes, abogado defensor, confirmó que su defendido rindió su declaración preparatoria y se encuentra al interior del Cedes Victoria, donde permanecerá hasta el próximo jueves 12, cuando se vence el plazo y el Juez Segundo Penal determine su situación jurídica.
“Fue ejecutada una orden de aprehensión, rindió su declaración preparatoria, negando los hechos que se le imputan y la defensa solicitó la ampliación del término Constitucional que se va vencer el próximo jueves 12 (octubre), en este periodo la defensa aportará pruebas para desacreditar esta injusta acusación”, respondió el abogado.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA?
La averiguación nace a partir de que Eugenio Hernández se apropió de una superficie de mil 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio del estado
- El exmandatario, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado, y la empresa GMC, SA de CV, de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de mil 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen al patrimonio del estado.
- Las mil 600 hectáreas actualmente tienen un valor real de mil 584 millones de pesos.
- Para la operación de compra-venta participaron las empresas: Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres de Tomás Yarrington, y GMC, SA de CV, de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, exsecretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de Eugenio Hernández Flores.
- En 2002 Tomás Yarrington Ruvalcaba como gobernador de Tamaulipas vendió las mil 600 hectáreas en 14 millones de pesos a su prestanombres, Fernando Cano Martínez, a través de la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, SA de CV, y éste a su vez en una segunda operación de venta, cinco años después, en 2007 lo transfirió por 16 mdp a la empresa GMC SA de CV de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, presunto prestanombres de Eugenio Hernández Flores.
- Los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira y en 1994 la Federación a través de un decreto los transfirió en donación al gobierno del estado.
(Fuente: Excélsior)
