Las faltas administrativas en Cancún ya no solo se castigan con arresto o multas económicas; ahora los infractores pagan con trabajo comunitario, medida que busca no solo sancionar, sino también generar orden, conciencia y beneficio colectivo.
Y es que este jueves se puso en marcha el programa con el primer caso, en el que un ciudadano comenzó a cumplir siete horas de servicio en parques y áreas verdes desde temprana hora.
A decir del director de los juzgados cívicos, Jorge Rivero en Benito Juárez, la nueva medida busca transformar las sanciones en acciones útiles para la ciudad, obligando a quienes cometen faltas a contribuir directamente al mejoramiento del entorno.
Entre las actividades contempladas se encuentran labores en espacios públicos, limpieza de sargazo, rehabilitación de escuelas y apoyo en vialidad en zonas escolares.
Indicó que cada caso será supervisado y asignado tras la resolución de un juez cívico, como parte del nuevo modelo de justicia que apuesta por la reparación social y la corresponsabilidad ciudadana.
Entre las áreas donde se podrán desempeñar estas labores se encuentra el convenio ya establecido con Servicios Públicos, principalmente en parques y áreas verdes. Además, se contempla ampliar las opciones hacia otras actividades prioritarias para el municipio.
En ese sentido, adelantó que se prevé integrar acciones relacionadas con la limpieza de sargazo, así como programas en coordinación con la Dirección de Educación enfocados en la rehabilitación de escuelas públicas.
Asimismo, se analiza la implementación de un programa en materia de vialidad, donde las personas que cumplan sanciones podrían apoyar en labores de control durante los horarios de entrada y salida en escuelas primarias, función que actualmente realizan en muchos casos padres de familia.
El titular de los Juzgados Cívicos subrayó que todas las actividades serán supervisadas por las autoridades correspondientes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las sanciones y que estas se desarrollen de manera adecuada.
También destacó que este modelo busca fortalecer la cultura cívica, promover la corresponsabilidad social y ofrecer alternativas que transformen las sanciones administrativas en acciones de impacto positivo para la comunidad.
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