Ciudad de México.- El Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano dar una respuesta “enfática” sobre el espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Tras calificar este tema como un asunto muy serio, el comisionado James Cavallaro informó que este jueves recibieron una carta en la que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denuncian que también pudieron ser víctimas de intervenciones telefónicas por parte de las autoridades mexicanas.
“Nos informan que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México´, sigue y vamos a dar más detalles, vamos a comunicarle formalmente al Estado sobre esta carta, acabamos de recibirla”.
En el marco de las audiencias del 163 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH que se realizan en Lima, Perú; los representantes del Estado mexicano reiteraron el compromiso del gobierno federal de investigar este caso y sancionar a los responsables.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, comentó que esa dependencia, así como la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional ya atendieron las medidas cautelares que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Las medidas cautelares básicamente están orientadas; primero, a que las autoridades de las que se tiene información que adquirieron esta tecnología se abstengan de emplearlo en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad; segundo, se abstengan de utilizar información que pudiese derivarse de este procedimiento. Las medidas cautelares están dirigidas a la Secretaría de Gobernación, a la PGR, a la Secretaría de la Defensa Nacional y han sido atendidas y reconocidas por las tres instituciones”.
En su oportunidad, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseveró que en este caso la pregunta es si el gobierno federal será capaz de investigarse.
Asimismo, Patrón Sánchez calificó como una vergüenza que el gobierno federal recurra a la ilegalidad e invierta los recursos para espiar a los abogados que acompañan a los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. (Fuente: MVS Noticias)
