Organizaciones feministas en Quintana Roo preparan una iniciativa legislativa para establecer sanciones específicas contra el contacto físico sin consentimiento y el acoso en espacios públicos, esto luego del incidente ocurrido afuera de Palacio Nacional, donde un hombre besó sin autorización a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pese a la presencia de escoltas y personal de seguridad.
Para las activistas, el episodio no sólo expuso fallas en los protocolos de protección, sino también un vacío legal que, en la mayoría de las entidades, deja estos casos en el terreno de faltas administrativas y no de agresiones.
Al respecto, Ariadne Song, presidenta del colectivo Xtabay, confirmó que agrupaciones de varios estados trabajan en la redacción del documento que será entregado a legisladores federales en las próximas semanas.
Dijo que la propuesta busca modificar leyes para que el contacto físico no consentido sea tipificado como una forma de agresión en espacios públicos, con sanciones claras y no solo multas simbólicas.
Detalló que la iniciativa incluirá: Tipificación explícita del contacto físico sin consentimiento como agresión: Sanciones más severas cuando ocurra en eventos masivos, actos oficiales o frente a menores; Protocolos de actuación obligatorios para autoridades en los tres niveles de gobierno, con intervención inmediata; Mecanismos de denuncia accesibles, sin burocracia que desaliente a las víctimas y Capacitación a cuerpos de seguridad con perspectiva de género y derechos humanos.
La activista subrayó que la propuesta pretende garantizar que ninguna mujer sin importar su cargo o contexto quede desprotegida en la vía pública.
“Si la jefa del Estado mexicano pudo ser besada sin consentimiento frente a escoltas y personal de seguridad, la vulnerabilidad para cualquier mujer es mucho mayor”, señaló.
Las organizaciones advierten que el marco legal actual resulta insuficiente: en varias entidades ni siquiera existe una definición precisa del contacto físico no autorizado, lo que termina en archivos sin consecuencias o en sanciones mínimas.
Por ello, insistirán en que la iniciativa sea presentada también ante el Congreso de la Unión, a fin de que la reforma tenga alcance nacional y no dependa de criterios estatales que, hasta ahora, han demostrado ser desiguales e ineficaces.
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