El colectivo Salvemos Mahahual, junto con Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), manifestaron su preocupación luego de que la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, no admitiera los amparos promovidos por ocho ciudadanos de Mahahual contra la modificación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU).
De acuerdo con los colectivos, los recursos legales buscaban la protección de la justicia federal ante actos que consideran afectan directamente el territorio, el entorno ambiental y los derechos de la comunidad.
Detallaron que en un primer amparo la jueza calificó la modificación al PDU como un acto administrativo, lo que, conforme a la Ley de Amparo, establece un plazo de 15 días para su impugnación, contado a partir del momento en que las personas afectadas tienen conocimiento del acto.
Sin embargo, señalaron que en un segundo y tercer amparo, la misma autoridad judicial aplicó un criterio distinto al mismo hecho, al considerar la modificación al PDU como si se tratara de una ley, lo que implica un plazo de 30 días contados desde su publicación oficial. Bajo este nuevo criterio, se fijó como fecha de inicio el 5 de diciembre, fecha de su publicación, sin considerar el momento en que la comunidad tuvo conocimiento real de su contenido y efectos.
Para Salvemos Mahahual, esta situación constituye una contradicción jurídica, al calificarse un mismo acto de manera distinta y aplicarse plazos diferentes para su impugnación, lo que afirman vulnera los principios de seguridad jurídica, certeza legal y acceso efectivo a la justicia.
En este contexto, los colectivos señalaron como relevantes las declaraciones públicas de Ari Adler, representante de la empresa promotora del proyecto, quien afirmó que confían en obtener una suspensión judicial para continuar con el desarrollo y cumplir con la meta de apertura del parque en 2027.
Finalmente, Salvemos Mahahual reiteró que no se opone al desarrollo, pero exige que cualquier proyecto se realice con estricto apego a la ley, coherencia jurídica y respeto a los derechos de la comunidad y al medio ambiente.
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