Cancún.- La “desaparición” de mil 056 millones de pesos que la empresa Aguakan pagó por la concesión del sistema de agua potable de Playa del Carmen y la prórroga de las de Cancún e Isla Mujeres, además de otros 560 millones producto de un crédito que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) contrató con Interacciones, es lo que hoy tiene al ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, en la mira de los diputados de la XV Legislatura del Congreso del Estado.
Y es que tal y como dimos cuenta con oportunidad, fue el presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo, Eduardo Martínez Arcila, quien aseguró que hay elementos suficientes para proceder penalmente contra el ex funcionario, luego de las comparecencias de varios de sus similares de la anterior administración, particularmente el que durante 10 meses fuera el mandamás de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, quien sin el menor recato no sólo lo culpó de la quiebra que hoy enfrenta la paraestatal, sino también de la “desaparición” de los montos arriba señalados, los cuales, según dijo, le fueron transferidos en tiempo y forma, sin que hasta el momento se conozca el destino que le dio a los mismos.
En este sentido, basta recordar que en aquel polémico encuentro con los representantes populares, Guerrero Ortiz confesó que durante su gestión canalizó a la Sefiplan un monto de 560 millones de pesos, producto de un crédito que le fue autorizado en el 2015 y que contrató con Interacciones, siendo que el entonces titular de dicha dependencia se encargó de manejar a su antojo, por lo que de inmediato Martínez Arcila le recomendó buscarse unos buenos abogados, pues tan sólo esta “revelación” era más que suficiente para emprender contra ambos sendos procesos penales.
Pero ahí no para la cosa, ya que por si fuera poco, el ex titular de la CAPA también se dio el lujo de afirmar que no sabía qué fue lo que hizo Guillermo Molina con los mil 056 millones de pesos que la empresa Aguakan le otorgó a la paraestatal como contraprestación por la concesión que obtuvo para brindar el servicio de agua potable en el municipio de Solidaridad y por la prórroga de los correspondientes a Cancún e Isla Mujeres, ya que él no recibió un solo centavo de ese monto, mucho menos de los 198 millones que año con año pagaba el citado consorcio por la operación de dos cárcamos.
Al respecto, otro punto importante en esta comparecencia fue el relativo a la omisión en que incurrieron la CAPA y la Sefiplan, al no utilizar 23 millones de pesos de dos programas federales, los conocidos como “Apaszu” y “Prossapys”, lo que también ameritaría para el susodicho y Guillermo Molina sendas sanciones “administrativas”.
Ante estos hechos irrefutables, Martínez Arcila estimó que tan sólo con lo que se desprendió de las comparecencias de los citados ex funcionarios, hay un quebranto de entre cinco mil y seis mil millones de pesos a las finanzas estatales que, definitivamente, no puede quedar impune, y es así como señaló que tiene conocimiento de que ya hay investigaciones abiertas contra Guillermo Molina y otros ex colaboradores de la anterior administración, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por el presunto desvío de recursos federales.
Al abundar sobre el particular, el también ex dirigente estatal del PAN indicó que en breve serán revisadas las cuentas públicas del 2015, en las cuales también tiene mucho que ver el ex titular de la Sefiplan, pues los dictámenes resultaron incompletos, toda vez que sólo se auditó entre el 45 y 55 por ciento de los recursos ejercidos, advirtiendo que lo anterior no sólo se dio por la falta de personal o de tiempo como en su momento se argumentó, sino porque en los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) se omitieron los rubros y gastos en los que había irregularidades, lo cual también resulta inaceptable.
Finalmente Martínez Arcila sostuvo que al Congreso del Estado no le toca enjuiciar, pues es una tarea que le corresponde a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, pero sí aportará los elementos necesarios para que se lleven a cabo los procesos administrativos o penales que se consideren conducentes.
Fuente: Diario de Quintana Roo
