Aunque la Ley de Ingresos del Gobierno de Quintana Roo ya contempla la figura de la Contribución de Mejoras para Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable, este nuevo esquema de recaudación aún no puede aplicarse, ya que carece de reglas de operación claras, así como de convenios firmados con los municipios involucrados para delimitar los polígonos de actuación y definir los proyectos específicos que serán financiados con dichos recursos.
Así lo explicó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien señaló que, si bien el concepto ya aparece formalmente dentro de la ley, su implementación real se dará hasta un ejercicio fiscal posterior, una vez que se cumplan los requisitos administrativos y legales pendientes.
“Ya existe dentro de la ley este concepto; en este caso lo están incorporando como una forma de obtener recursos para lo que son las zonas que dejó Fonatur al gobierno del estado, que básicamente son la zona hotelera de Cancún y la Marina Cozumel”, explicó.
Esta contribución busca financiar obras de infraestructura y mantenimiento en destinos turísticos estratégicos, responsabilidad que actualmente recae en el Fideicomiso de Fomento para la Actividad Turística de Quintana Roo (Foatqroo), organismo que sustituyó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la atención de Cancún y Cozumel.
De acuerdo con Galaviz Ibarra, aunque la intención de la contribución es fortalecer la gestión turística y garantizar el mantenimiento de zonas de alta afluencia, el proceso debe realizarse con total transparencia, ya que se trata de un nuevo cobro para quienes resulten beneficiarios directos de las obras.
La propia gobernadora Mara Lezama ha reconocido que el Foatqroo requiere al menos 250 millones de pesos anuales para atender necesidades como el mantenimiento de plantas de tratamiento, pavimentación, servicios urbanos y conservación de infraestructura en la zona hotelera de Cancún. Este gasto, que anteriormente era cubierto por la federación, ahora es responsabilidad del gobierno estatal, lo que ha obligado a buscar nuevos mecanismos de financiamiento.
No obstante, el presidente del Observatorio Legislativo advirtió que la autoridad estatal deberá justificar de manera puntual esta contribución ante los posibles contribuyentes, ya que existe el riesgo de inconformidades legales.
“El gobierno del estado debe ser muy claro, porque si no se justifica plenamente este nuevo cobro, los contribuyentes podrían ampararse, argumentando que ya pagan impuestos a través de otros múltiples conceptos destinados a obras de gobierno”, señaló.
Uno de los puntos que más llama la atención, explicó Galaviz Ibarra, es que en la Ley de Ingresos 2026 este concepto aparece con una recaudación proyectada simbólica de un peso, lo que deja abierta la posibilidad de que más adelante se establezca un monto mucho mayor.
“Eso demuestra que todavía falta mucho por definir. Más adelante pueden fijar una cifra de 50, 90 o hasta 100 millones de pesos, pero hoy no está claro”, puntualizó.
El especialista agregó que, en caso de financiarse una obra que beneficie a toda la zona hotelera, será indispensable transparentar cómo se calculará el monto que deberá aportar cada hotel, restaurante o negocio, en función del beneficio recibido.
Finalmente, Galaviz Ibarra subrayó que el éxito de esta contribución dependerá de que exista una correcta delimitación de los polígonos de actuación, reglas de operación bien definidas y una comunicación clara con el sector empresarial y turístico, para evitar conflictos y garantizar que los recursos realmente se traduzcan en mejoras visibles para los destinos turísticos de Quintana Roo.
Fuente: Novedades Quintana Roo
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