El Congreso del Estado de Quintana Roo recibió esta mañana la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a una controversia constitucional que promovió el municipio de Benito Juárez, con el fin de que no se revisen apartados específicos de las cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016; sin embargo, esta notificación no impide continuar con el procedimiento, precisó el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso.
El legislador indicó: “Hemos sido ya notificados de la controversia constitucional que presentó el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de su presidente municipal, Remberto Estrada; de su síndico municipal, Karina Martínez y de su secretario general, Mauricio Rodríguez.
“Como lo habíamos adelantado, esta resolución inicial que toma la Corte primero valida que se pueda continuar con la auditoría mandatada por este Congreso, es decir, se continúa con la auditoría, esto no se detiene, esto es muy importante recalcarlo. Se continúa auditando lo que mandató el Congreso”, explicó.
El presidente de la Gran Comisión informó que, mediante esta notificación, ya se puede conocer exactamente cuál es el presunto agravio que expresa el presidente municipal de Benito Juárez y que, “a decir de ellos, se solicitó que se volviera a fiscalizar la cuenta pública 2014 y 2015, lo cual evidentemente no corresponde al contenido del acuerdo que tomó el Congreso”.
El Congreso estableció revisar un contenido específico en la cuenta 2014 y 2015 que tiene que ver con los ingresos del cobro derivado del impuesto predial, es algo concreto, no es nuevamente hacerle una auditoría a todas las cuentas públicas y que también, dicho sea de paso, no son cuentas públicas que correspondan al actual presidente municipal y en cuanto a 2016, eso ya lo estamos revisando como parte del trabajo de la auditoría.
El documento aprobado en el pleno legislativo el 29 de marzo pasado señala en su objeto: “Acuerdo por el que la legislatura solicita al órgano de fiscalización superior (…) se lleve a cabo la revisión de manera casuística y concreta de los ingresos del municipio de Benito Juárez obtenidos durante los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 por concepto de impuestos, contribuciones o recaudaciones ante la presunción de que se han cometido daños y perjuicios que pudieran afectar a la hacienda pública o al patrimonio del municipio referido”.
El legislador explicó que esta notificación no detiene los procedimientos que se han puesto en marcha en el Congreso.
Martínez Arcila reconoció el papel que desempeña la Corte en casos como este y ratificó que el Poder Legislativo del Estado será absolutamente respetuoso de lo que determine la misma Corte, caso al cual se dará seguimiento de manera detallada. Redacción
