Coronado reconoce su responsabilidad durante una audiencia ante la JEP (Jurisdicción Especial de Paz), el general Paulino Coronado Gámez, oficial de mayor grado, aceptó la responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad.
La responsabilidad imputada al general por la JEP fue por la muerte de 120 víctimas. Consideradas casos de “falsos positivos” que se presentaron en Catatumbo entre 2007 y 2009.
Coronado reconoce su responsabilidad.
Según declaró, “En nombre del Ejército que yo comandé reconozco la responsabilidad imputada por la JEP como máximo responsable de la Brigada 30 de ser autor a título de comisión por omisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
“Acepto esta responsabilidad por no haber investigado y sancionado estas falsas operaciones”, y agregó, “Como lo he expresado ante los magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército.
Sin embargo, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos.
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Con respecto a los oficiales a su mando, declaró “Acepto la responsabilidad por no advertir la política de inflexión física definida por el general Mario Montoya Uribe”.
“Quien consideraba que solo con el exterminio físico podía llevarse a las Farc a negociar y por esa razón, había que causar el mayor número de bajas posible”, señaló.
Preguntas de la magistrada.
Durante la declaración, la magistrada Catalina Díaz pidió al general hiciera algunas precisiones sobre hechos documentados en la imputación. En particular, sobre una audiencia pública en Ocaña llevada a cabo el 6 de diciembre de 2007.
A lo cual el general Coronado manifestó que si bien recordaba la audiencia, no recordaba que se hiciera mención de algún hecho de esa índole.
La magistrada indicó que el documento de esa audiencia pública muestra hechos referentes a violaciones de derechos humanos por parte del Ejército. Coronado dijo no haberla conocido.
Incluso la asociación Minga, que convocó esta reunión, comentó que el mismo general había recibido denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales. Incluso él se comprometió a escalarlas con un superior.
Reconocimiento de las víctimas.
Al finalizar este segundo día de audiencia pública, destinaron tiempo a los 10 militares y el tercer civil comparecientes para que enviaran un último mensaje.
El civil Alexander Carretero, civil imputado, dignificó los nombres de Camilo Valencia, Farid Leonardo Porras, Elkin Verano, Juan Castro y Julián Oviedo, jóvenes desaparecidos en Soacha y presentados como bajas en combate.
Se pronunció sobre ellos comentando, “Eran personas inocentes. Que este no sea el final, sino el principio y se sepa más verdad para que las víctimas puedan descansar”.
Por su parte, Juan Carlos Chaparro en su intervención final reiteró que acepta todos los cargos imputados y mencionó una lista de personas a quienes quiere “reivindicar, dignificar y resaltar su buen nombre”.
“Reconozco que no eran ningunos delincuentes, eran gente de bien, campesinos”. Para cerrar la audiencia, la magistrada Catalina Díaz reconoció “la fortaleza y coraje de los familiares de las víctimas.
En su inmensa mayoría eran mujeres trabajadoras que hicieron lo posible porque se esclarecieran estos hechos”.
