Este miércoles, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron una demanda ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, impugnando la ley SB4, recién firmada por el gobernador republicano Greg Abbott. La ley SB4 otorga a la policía y jueces del estado la capacidad de detener y deportar migrantes sin seguir el debido proceso, marcando un cambio significativo en las políticas migratorias de Texas.
La demanda argumenta que la ley SB4 es inconstitucional ya que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos al pasar por alto la legislación federal. Una de las principales preocupaciones es que los jueces de Texas estarían autorizados, e incluso en algunos casos obligados, a ordenar la deportación de una persona sin considerar su elegibilidad para buscar asilo u otras protecciones humanitarias. Esta medida es considerada como una de las más extremas del país y ha generado críticas por parte de defensores de los derechos civiles y grupos proinmigrantes.
Adriana Piñón, directora legal de ACLU-Texas, destacó que la ley antiinmigrante afecta especialmente a comunidades de color e inmigrantes y acusó a los funcionarios elegidos en Texas de favorecer la retórica supremacista blanca y el encarcelamiento masivo en lugar de escuchar a sus electores. Rochelle Garza, presidenta del TCRP, indicó que la demanda busca bloquear la entrada en vigor de la ley, programada para el 5 de marzo.
Esta legislación forma parte de un paquete de tres leyes antiinmigrantes firmadas por Abbott, que también incluye la asignación de mil 540 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y fondos para aplicar la ley SB4. Otra ley establece una pena mínima de 10 años para quienes sean declarados culpables de tráfico de migrantes. Estas medidas han generado preocupación y podrían enfrentar oposición, incluso entre la población hispana de Texas, que constituye el mayor grupo demográfico en el estado.
El cierre de los cruces ferroviarios internacionales por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) también ha afectado la industria, generando un impacto económico considerable y añadiendo complejidad al panorama. El comercio exterior por estos cruces representa un flujo de aproximadamente 120 millones de dólares al día, siendo esencial para la industria automotriz de Estados Unidos.
Este desafío legal a la ley SB4 podría tener implicaciones significativas en la aplicación de medidas antiinmigrantes a nivel estatal, y el resultado de la demanda será seguido de cerca por defensores de los derechos civiles, líderes comunitarios y aquellos afectados por estas políticas migratorias. La lucha por la interpretación y aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos continúa siendo un tema candente, con consecuencias importantes para las comunidades afectadas.
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