SSC identifica 18 cámaras sin registro oficial en Playa del Carmen
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desmanteló 18 cámaras de videovigilancia no autorizadas que se encontraban instaladas en espacios públicos de Playa del Carmen.
El operativo fue realizado en coordinación con la Policía Municipal, el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4) y el Grupo Centurión.
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Las cámaras retiradas estaban colocadas sobre infraestructura pública de alumbrado perteneciente al Ayuntamiento, sin ningún tipo de registro oficial ante autoridades estatales o municipales. Esta situación representa un riesgo tanto para la privacidad de las personas como para la integridad de investigaciones llevadas a cabo por instituciones de seguridad.
Las autoridades consideran que cualquier dispositivo instalado en la vía pública sin los permisos correspondientes constituye una posible amenaza a la seguridad y al cumplimiento del marco legal vigente. Por esta razón, los aparatos asegurados fueron puestos a disposición del área jurídica de la SSC.
Seguridad bajo control institucional
La instalación de sistemas de videovigilancia en la vía pública debe realizarse bajo estrictas normas. Solo pueden operar aquellos dispositivos que cuenten con autorización oficial y estén registrados debidamente ante las dependencias correspondientes. Esto garantiza que su uso se mantenga bajo supervisión institucional y evita que sean utilizados con fines ajenos a la ley.
El retiro de las cámaras ilegales tiene como propósito principal proteger los derechos de la ciudadanía. La privacidad de las personas en espacios públicos debe ser respetada, y cualquier forma de vigilancia que no esté regulada por las autoridades puede vulnerar esa garantía.
Además, la existencia de equipos de vigilancia no controlados puede interferir en investigaciones oficiales, poniendo en riesgo procesos judiciales o tácticas de seguridad que dependen de información confidencial.
Operativo conjunto y coordinado
El desmantelamiento de las cámaras fue producto de un operativo conjunto entre diferentes áreas encargadas de la seguridad pública. Personal de la Policía Municipal, el C4 y el Grupo Centurión revisaron varias zonas de la ciudad para identificar dispositivos instalados de forma irregular.
Durante las inspecciones, detectaron cámaras colocadas sobre postes de alumbrado público, sin ninguna señal de estar autorizadas por alguna institución gubernamental. Al no cumplir con los lineamientos legales, los aparatos fueron desmontados y asegurados.
Los dispositivos ahora están en manos del área jurídica de la SSC, que determinará los pasos legales a seguir. Mientras tanto, las autoridades continuarán con la revisión de otras zonas de Playa del Carmen.
Más verificaciones en marcha
La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que este tipo de operativos no será aislado. Se tiene previsto ampliar las acciones de revisión hacia otros puntos de la ciudad con el objetivo de corroborar la legalidad de todas las cámaras instaladas en espacios públicos.
Estas acciones forman parte de una estrategia para mantener el control institucional sobre los sistemas de videovigilancia. Además, buscan evitar que sean utilizados con fines indebidos o por personas ajenas a la autoridad.
La dependencia hizo un llamado a la población y a empresas privadas para que eviten instalar cámaras en espacios públicos sin contar con los permisos adecuados. Cualquier dispositivo que incumpla la normatividad vigente puede ser retirado y estar sujeto a procedimientos legales.
Compromiso con la legalidad
Con la ejecución de este operativo, la SSC reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la seguridad de las y los quintanarroenses. La vigilancia en espacios públicos debe ser una herramienta a favor de la ciudadanía y no un medio para invadir su privacidad.
La dependencia aseguró que se mantendrán los patrullajes de verificación y que se actuará con firmeza ante cualquier intento de colocar sistemas no autorizados en espacios públicos.
Las autoridades reiteraron que el uso de videovigilancia debe estar en manos de instituciones oficiales, bajo normativas claras y con supervisión constante. Esta es la única manera de garantizar que sirvan para proteger a la comunidad sin poner en riesgo sus derechos.
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