Tras la primera captura de Ovidio Guzmán “el Chapito”, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y ante el incremento de agresiones por parte del crimen organizado, el Ejército pidió al gobierno mejorar la protección de la Novena Zona Militar y de las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sinaloa, pero el gobierno federal negó los recursos solicitados.
Esta información salió de los miles de documentos de la Sedena que en 2022 filtró el grupo de hackers Guacamaya. En los documentos, se refiere que, a tan solo semana y media del llamado “jueves negro” del 17 de octubre de 2019, el Ejército planteó por primera vez solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador “reorientar el despliegue operativo de la 9/a. Z.M., con el fin de disponer de mayores efectivos para integrar fuerzas operativas disponibles permanentes”.
También en nacionales: Buscan Estados Unidos y Canadá migrantes para puestos desocupados.
Lo anterior debido a que, con motivo de la primera operación para capturar a Ovidio Guzmán, “se presentaron múltiples agresiones al personal militar que se encontraba desplegado en el estado de Sinaloa, por lo que algunos servicios permanentes al no contar con suficientes efectivos para garantizar su seguridad o realizar una maniobra militar”.
Dos años después, en 2021, el Ejército formalizó su petición y solicitó a la Secretaría de Hacienda más de 32 millones de pesos para construir dos bardas perimetrales o, en su defecto, contratar a más personal que “impida o dificulte el acceso a personas ajenas a las instalaciones militares”. Sin embargo, al día de hoy no hay registro de que dichos recursos se designaran.
Con información de Animal Político.
