BAHÍA DE BANDERAS, NAY. — La estructura del complejo inmobiliario “Punta Paraíso”, ubicado en la comunidad de San Francisco (San Pancho), sufrió un colapso parcial tras el severo impacto del oleaje en la línea de costa. El incidente confirmó las advertencias que colectivos comunitarios y organizaciones ambientalistas manifestaron durante casi una década respecto a los riesgos estructurales e impactos ecológicos de edificar sobre la duna costera y la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
El inmueble, que semanas atrás había sido desalojado de emergencia y clausurado por las autoridades competentes ante el riesgo inminente de desplome por fenómenos naturales, terminó por ceder ante la erosión de las olas.
Irregularidades ambientales, resoluciones judiciales y resistencia legal
El proyecto inmobiliario acumuló un amplio historial de procesos administrativos y controversias legales debido a violaciones en materia de impacto ambiental y delimitación territorial:
- Efectos sobre la duna y la ZOFEMAT: Investigaciones y peritajes técnicos determinaron que la edificación invadió de forma irregular cerca de 1,500 metros cuadrados de ZOFEMAT, alterando la dinámica natural de la playa y destruyendo la duna costera que actuaba como barrera de protección natural contra las marejadas.
- Sentencias de demolición: Pese a la existencia de fallos por parte de tribunales federales que ordenaban la demolición de las estructuras irregulares y la restitución del polígono costero a la Nación, la empresa desarrolladora interpuso recursos de amparo para prorrogar la ejecución de las medidas correctivas.
Exigencias comunitarias y el debate sobre la privatización del litoral
El colapso de la estructura reavivó los reclamos de los habitantes de San Pancho y grupos defensores del medio ambiente, quienes exigen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) una supervisión más estricta sobre los desarrollos inmobiliarios en las costas mexicanas.
El caso sienta un precedente importante respecto al cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de las playas como bienes de uso público. Integrantes de la comunidad local enfatizaron que el evento debe motivar un freno definitivo a la edificación en zonas frágiles, garantizando el libre acceso a los litorales y la recuperación de los ecosistemas marinos.
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